Han pasado 32 meses desde que Diego Pérez desapareció para avistar su cuerpo sin vida dos semanas después flotando en Cala Cortina. Y 26 meses desde que seis policías nacionales fueron detenidos por su implicación en los hechos y un juez decretó su ingreso en prisión. Han pasado 12 meses desde que la autoridad judicial decretó la libertad de los agentes hasta la celebración del juicio, en el que están acusados por parte del Ministerio Fiscal de homicidio -pide una pena de 20 años para cada uno de ellos- y de asesinato por parte de la acusación particular, dirigida por Francisco Belda, que pide 24 años. Antes de su libertad provisional, uno de los acusados falleció en prisión a causa de una pancreatitis en octubre de 2015. Las últimas noticias del caso eran de abril, cuando se supo que la Policía había invitado a dos de los seis agentes acusados a ser testigos protegidos en el caso. Ahora, siete meses después, el silencio se ha roto.
Y es que, los cinco policías acusados deberán volver a comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, María Antonia Martínez Noguera, que ha citado a las partes a una audiencia preliminar para tratar con las defensas, la acusación y la Fiscalía la procedencia de la apertura del juicio oral, una vez practicadas las diligencias de investigación solicitadas por los letrados de los imputados.
De esta forma, José Carlos M.L., Raúl A.R., Rubén Manuel F.S., José Antonio C.G. y José Luis S.A. volverán a comparecer ante el juez en el último trámite que debe hacer el Juzgado de Instrucción antes de mandar la causa a la Audiencia Provincial, que será la encargada de enjuiciar el asunto con un tribunal del jurado.
Se trata de una audiencia preliminar en la que también se resolverá sobre la admisión y práctica de las diligencias interesadas por las partes para el acto de dicha audiencia preliminar. Así, según la Ley de Tribunal Jurado, este paso comenzará por la práctica de las diligencias propuestas por las partes, ya que podrán proponer en este momento diligencias para practicarse en el acto. No obstante, la juez denegará toda diligencia propuesta que no sea imprescindible para la adecuada decisión sobre la procedencia de la apertura del juicio oral.
Una vez terminada la práctica de las diligencias admitidas, se oirá a las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y, en su caso, sobre la competencia del Tribunal del Jurado para el enjuiciamiento. Finalmente, las acusaciones pueden modificar los términos de su petición de apertura de juicio oral, sin que sea admisible la introducción de nuevos elementos que alteren el hecho justiciable o la persona acusada.
Mismos escritos
Según fuentes judiciales consultadas, la audiencia preliminar es el trámite previo a que la causa vaya a la Audiencia Provincial, que deberá señalar la fecha en la que se celebrará el juicio oral.
Así, pese a lo dilatado del proceso, tanto la Fiscalía como las partes mantienen sus respectivos escritos de acusación y defensa. De este modo, María Lendínez, en representación del Ministerio Público, mantiene, hasta el momento, que los agentes actuaron «con ánimo de atentar contra la vida de Diego o asumiendo esta posibilidad, y aprovechándose de su superioridad numérica, física y de aislamiento del lugar a esa hora que disminuían las posibilidades de defensa o auxilio, procedieron a propinarle golpes, causándole la muerte por rotura de las vertebras del cuello para, a continuación, arrojar el cadáver al mar desde algún punto de la bahía». Por ello, la fiscal pide en su escrito de acusación 20 años de prisión para cada uno de los cinco policías nacionales encausados en el caso Cala Cortina, al considerarlos coautores de sendos delitos de detención ilegal y homicidio.
También la acusación particular mantiene su petición, que eleva a 24 los años para cada uno de los acusados al considerar que se trata de un asesinato y no un homicidio, al entender que pudo haber alevosía por parte de los policías, así como imposibilidad de defensa de la víctima y superioridad numérica. El letrado sostiene la zona a la que los agentes llevaron a Diego en Cala Cortina carece de toda urbanización y viviendas y tan sólo está comunicada con el centro de la ciudad por una vía de acceso. Asimismo, añade que «tras la aparición del cadáver y pese a ser preguntados al respecto en la investigación del caso, los acusados ocultaron de forma reiterada su actuación».
Por su parte, las defensas mantienen la libertad para sus clientes, al considerar que no hay pruebas evidentes que relacionen a los agentes con la muerte de Diego.
