Unas 300 casas de Ciudad Jardín pierden hasta la mitad de su valor al ser «misión imposible» reformarlas. De esto se queja el presidente vecinal del barrio, Alfonso López. El problema, según él, está provocado por el grado de protección al que están acogidas estas viviendas de planta baja, en su mayoría dúplex adosados.

López expone que las casas están sometidas por la consejería de Cultura a un grado de protección 3. Esto, apunta, obliga a sustituir cualquier azulejo o ladrillo de una fachada por otro idéntico. «Hay muchos materiales que ya ni se fabrican», advierte. De este modo, lamenta el presidente, «nadie quiere comprarse una casa aquí porque sabe que la restauración es muy difícil y costosa». Y es que, advierte de que «hasta tenemos que solicitar permisos de obra mayor y un estudio de un arquitecto para arreglar una simple grieta».

El presidente vecinal alega que estas viviendas no tienen ningún tipo de singularidad, ni valor cultural o arquitectónico. «Son construcciones normales y corrientes de los años veinte, hechas con materiales comunes de la época. No tienen nada de especial», indica resignado.

Un problema que achacan al PP

«Con la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011 nos dimos cuenta de la noche a la mañana que las casas estaban protegidas y no se podían tocar», se queja López. «Todo fue culpa del Partido Popular, que fue quien puso en marcha el PGOU sin consultarnos nada», asegura el portavoz de los residentes de Ciudad Jardín, quien afirma que los vecinos han presentado en este tiempo más de 800 quejas ante la Administración local. Resulta que, ahora, tienen la oportunidad de presentar alegaciones gracias a que el Tribunal Supremo ha tumbado el Plan de 2011 tras una denuncia del constructor Tomás Olivo, lo que supone que esté en vigor el Plan de1987 hasta que se renueve.

El presidente de Ciudad Jardín señala que lo que quieren los residentes del barrio es que sus viviendas no tengan un grado de protección que, bajo su punto de vista, «es muy restrictivo». El problema se ha acrecentado aún más tras la sentencia que anula el PGOU. «El Plan que hay que seguir ahora, el de 1987, es todavía mucho más estricto con la protección de nuestras casas, así que es casi misión imposible cambiar ni un ladrillo», esgrime López. No obstante, los vecinos reconocen que cada uno ha hecho hasta ahora lo que ha querido con sus edificaciones. Aunque López advierte de que «esto ya no vale porque las autoridades han endurecido esta cuestión y no pasan una». El asunto ya fue denunciado ante el Contencioso Administrativo por los propios inquilinos en 2011.

Apoyo del alcalde

El portavoz vecinal expone que ya ha sido recibido por el alcalde de Cartagena, José López. Según Alfonso López, «el regidor nos ha transmitido que estemos tranquilos, que va a atender nuestra demanda porque él sabe, como concejal de Urbanismo que es, que esto es una cosa absurda y que los trámites que nos piden ahora mismo para reformar las viviendas son inasumibles para cualquier bolsillo y no se corresponden para nada con la realidad de nuestras casas, que son unas viviendas normales y corrientes. Parece que tengamos que restaurar un monumento».

Alfonso López confía en que el nuevo PGOU contemple una ordenación de la trama urbana del barrio y de las alineaciones de las construcciones para que no se pierda la idiosincrasia del mismo. A su vez, también apuesta por una normativa mucho más realista y acorde con las 300 viviendas afectadas para que puedan ser restauradas sin trabas y recuperar su valor de mercado.