Una docena de colectivos ciudadanos se plantea recurrir ante el Tribunal Supremo la ejecución de la sentencia del Alto Tribunal que hace poco más de un mes declaró la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012 ratificando así una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia. El Gobierno municipal aprobó a finales del pasado junio el documento de revisión del PGOU, con el voto en contra de CTSSP (Podemos) y el apoyo de PP y C´s.
Tanto Ciudadanos como el PSOE, a través de sus portavoces Manuel Padín y Obdulia Gómez, respectivamente; así como el Gobierno Local, a través de la vicealcaldesa Ana Belén Castejón, apelaron a su sentido de responsabilidad y al interés de Cartagena para no partir de cero, sino modificar y mejorar el que se tramitó en su día y recoger las alegaciones de ciudadanos y entidades. Sin embargo, CTSSP argumentó su voto en contra al entender que el fallo del TS declara «nulo en su totalidad» el PGOU, por lo que «tras recoger las alegaciones que se hagan, si alguien vuelve a denunciarlo, el Supremo volverá a tumbarlo», señaló su portavoz, Pilar Marcos.
CTSSP, junto con EQUO Cartagena, y una decena de colectivos ciudadanos, entre los que se encuentran la fundación Sierra Minera, el Observatorio Municipal Ciudadano, ANSE, la Asociación para la Defensa del Entorno Natural de La Azohía (ADELA), la Liga Rural Campo de Cartagena Mar Menor, la Asociación Rascasa, la Asociación para la Defensa del Patrimonio (Adepa) y Vía Libre, enviaron ayer un comunicado destacando que el PGOU «se ha aprobado por la vía de urgencia consultando sólo a representantes empresariales del sector inmobiliario».
En este sentido, indicaron que la revisión del Plan Urbano se aprobó «unos pocos días antes después de su anulación definitiva por sentencia del TS y se ha sometido a información pública tras su aprobación provisional sin consultas previas, y en plena época estival, y sin posibilidad efectiva de consultas a técnicos responsables, lo que es una auténtica bofetada a la participación».
Sobre este punto, subrayaron que «no es un PGOU que ofrezca la suficiente seguridad jurídica a los posibles inversores. Es una norma que desprecia al municipio y coarta su futuro».
Por otra parte, los citados colectivos hicieron hincapié en que es un documento obsoleto. «Fue gestado en los años de la burbuja inmobiliaria por un gobierno sobre el que se ciernen fundadas sospechas de corrupción urbanística. Cartagena necesita un ordenamiento urbanístico que cumpla los estándares fijados por organismos nacionales e internacionales en la materia, como los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, el marco europeo de referencia para la ciudad sostenible, o el Libro Blanco de la sostenibilidad en el planeamiento español».
Asimismo, indicaron que los citados anteriormente presentan todos «un modelo de desarrollo sostenible que se fundamenta en satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de bienestar de las futuras generaciones armonizando tres parámetros interrelacionados: Sostenibilidad social, económica y medioambiental».
