La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contiene errores sustanciales, "que no pueden corregirse sin más porque en el diseño urbano todo está conectado y podría desencadenarse un efecto dominó. El ayuntamiento de Cartagena debe iniciar su tramitación desde el principio con la aprobación inicial, el avance, la aprobación provisional y la definitiva", asegura Cesáreo Gil, doctor en Urbanismo, abogado y profesor de la Universidad Católica (UCAM).
El Plan Urbano, que en estos momentos se encuentra en fase de exposición pública hasta el próximo 11 de septiembre, se encuentra paralizado por un fallo del Tribunal Supremo (TS) que declaró su nulidad. Con su sentencia del pasado junio, el Alto Tribunal respondió al recurso de casación que el Consistorio y la Comunidad Autónoma interpusieron antes del pasado verano ante una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia que ya declaró la nulidad del plan. Este procedimiento judicial se inició a raíz de un recurso que el empresario Tomás Olivo presentó frente a la revisión del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), a través de la empresa Cartagena Parque, debido a que no se le permitía desarrollar el ´plan Rambla´.
"No se puede dar la razón a la empresa que demandó y punto, ya que cuando ésta exponía las deficiencias del PGOU no se refería solo a su territorio, sino a todo el documento", indicó este experto en Urbanismo, quien hizo hincapié en que ç2la sentencia es clara. Habla de vicios y deficiencias sustanciales, lo que significa que el edificio, es decir, el documento, está mal diseñado desde sus mismos cimientos". Además, añade que "un documento nulo requiere una tramitación entera. La sentencia del Supremo ha dictaminado una metástasis del PGOU. Está liquidado". En este sentido, Gil insistió en que los principales defectos que ha encontrado en el PGOU se refieren a la clasificación del suelo y a la distribución de los sistemas generales "que están mal definidos y toquetean derechos de rango constitucional provocando desigualdades en los derechos de propiedad".
El profesor explicó que él mismo ha llevado algunos casos al Contencioso Administrativo contra el PGOU de Cartagena. En concreto puso como ejemplo un terreno en Los Urrutias "que era una selva y que en el citado plan aparecía como suelo urbano consolidado cuando era rústico. La Comunidad Autónoma paralizó el procedimiento porque decidió no contestar y el Ayuntamiento hizo lo mismo, con lo que lo más probable es que si no se hubiera producido el fallo del TS, antes o después, se hubieran paralizado partes importantes del documento. Más tarde o más temprano, los ciudadanos exigirán la ejecución de la sentencia del Supremo".
Gil señaló que el PGOU, que ha corregido el Consistorio durante el último año, no puede salir adelante «porque está mal hecho, y esto supone un perjuicio para los inversores y propietarios del suelo, ya que su correcta elaboración puede tardar varios años». La tesis de Gil coincide con los argumentos que esgrimió Cartagena Sí Se Puede (Podemos) para no apoyar la aprobación provisional en el pleno.
Sobre el argumento esgrimido por el responsable municipal de Urbanismo y alcalde de Cartagena, José López, este experto afirma que "hacerlo bien es cumplir la ley con el procedimiento completo como exigen los tribunales. Si han trabajado durante un año en hacerle correcciones, pues estupendo, que las apliquen comenzando un nuevo avance del plan urbano para después completarlo en todas sus fases".
En este sentido, Gil indicó que el Ayuntamiento ha aprobado el documento "casi en la fase final saltándose todos los trámites anteriores, que es donde están las garantías de los ciudadanos: en hacer alegaciones a la aprobación inicial y no a la provisional, que es la penúltima fase antes de la definitiva".
El avance del plan es un simple pictograma en el que se esbozan unas ideas preliminares. El documento inicial más completo se publica para que los ciudadanos hagan sus alegaciones; y los organismos públicos tanto de la Comunidad Autónoma como del Estado -Montes, Puertos, Minas, Carreteras, Costas, Medio Ambiente, Defensa (...)- emitan sus informes, "que son fundamentales porque en ellos está el buen hacer del plan, es decir, el control que se hace desde fuera a la actividad del Ayuntamiento", apostilla Gil, quien insiste en la importancia que tienen ambos controles: el ciudadano y el oficial».
Según este urbanista, el Consistorio no ha querido hacer la aprobación inicial porque la nueva ley del Suelo de la Región estipula que si se vuelve a esta fase del plan, éste tiene que hacerse de acuerdo a los criterios que marca la nueva normativa, de mayo de 2015, con lo que el documento sería totalmente distinto al que hay y tendría que cambiar todo". Sobre este punto, destaca que la nueva ley fija unos criterios distintos para calcular todas las magnitudes y parámetros urbanísticos del término municipal. Gil insiste en que elaborar un nuevo PGOU conforme a la normativa de 2015, sería «una garantía estupenda de que el documento se adapta a los nuevos criterios urbanísticos que son más modernos y una defensa para el ciudadano».
