Imputado

Andalucía deberá pagar 157 millones de euros a Tomás Olivo

La compañía del empresario cartagenero levantó un centro comercial en la localidad de Armilla, cuya obra fue paralizada 10 años por el Gobierno andaluz

18.07.2016 | 08:43
Andalucía deberá pagar 157 millones de euros a Tomás Olivo

La Junta de Andalucía deberá pagar 157 millones de euros a la empresa del constructor cartagenero Tomás Olivo. Así lo determina una sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada a raiz de una demanda de la empresa Generales de Galerías Comerciales por la suspensión de las obras del centro comercial 'Nevada Shopping' que estaba construyendo en la localidad de Armilla.

La compañía reclamó que obtuvo la licencia de obras para levantar el centro comercial el 30 de septiembre de 2005, aunque fue suspendida el 3 de noviembre de 2006 por «indicios de incumplimientos graves del ordenamiento urbanístico», después de que la consejería de Obras Públicas andaluza impugnara los acuerdos plenarios por los que se aprobó el plan parcial de la zona donde se ubica el centro.

De hecho, el auto que paralizó las obras señaló que el edificio se estaba construyendo sobre suelo destinado a equipamientos y espacios libres, lo que infringía la ordenanza comercial en relación a la ocupación y altura máximas, además de que los aparcamientos al aire libre se había proyectado sobre suelo no urbanizable.

En su día, Olivo ya alegó que el proyecto contaba con dos planes parciales aprobados y las licencias comercial, de actividad y de obra, y subrayó que nada de esto había sido impugnado. El propio ayuntamiento de Armilla indicó que ni concedió licencia de construcción en zonas verdes ni se construyó «un solo metro cuadrado en suelos no urbanizables».

Una década sin obras

La suspensión de las obras duró hasta el 28 de abril de 2014 tras una nueva resolución judicial que permitió continuar los trabajos. No obstante, la empresa de Olivo reclamó una indemnización por daño emergente y lucro cesante, es decir, por los perjuicios económicos reales a consecuencia directa de la suspensión y por la pérdida de una ganancia legítima como consecuencia del daño.

El juzgado granadino ha dado ahora la razón a la empresa de Olivo y condena a la Junta a pagar 157 millones de euros como indemnización, aunque puede recurrir el fallo.

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