Querido alcalde, con el debido respeto: La verdad es que esta semana no sabía por dónde empezar esta carta. Tenía previsto comentarle algunas reivindicaciones que los vecinos de distintas zonas de la ciudad quieren solucionar cuanto antes, pero lo ocurrido el miércoles, con la visita al Ayuntamiento de agentes de la Guardia Civil, y más concretamente a la concejalía de Urbanismo que usted dirige, con el fin de revisar la documentación referente a la desaladora de Escombreras, creo que merece una atención preferente.

Supongo que a usted no le habrá sorprendido demasiado puesto que el día anterior, cuando los agentes estuvieron en la propia desaladora, en la consejería de Agricultura y en un despacho de abogados que guardaba documentación relacionada con la planta y con las sociedades que se encargan de su administración, ya dijo que los esperaba en cualquier momento: «No sabemos si hoy, mañana o pasado. Espero que sigan con sus indagaciones, que pongan negro sobre blanco qué es lo que ha pasado ahí y que depuren responsabilidades a todos los niveles».

Lo cierto es que, como ya publicó este periódico el martes 17, «el ayuntamiento de Cartagena tuvo que tramitar las autorizaciones necesarias para la construcción de la desaladora, dado que la planta se encuentra en su término municipal, además de la licencia de apertura de la actividad y los permisos para la construcción de las conducciones y de las instalaciones que precisa».

Por lo que, si finalmente se demuestra que se han cometido algunos de los posibles delitos denunciados por el fiscal de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude, no solo implicaría al Gobierno regional que presidía Ramón Luis Valcárcel -que continúa en activo, ahora como vicepresidente del Parlamento europeo-; sino al Gobierno municipal que se prestó a colaborar con aquél y que encabezaba Pilar Barreiro, a la que, tras su fracaso en las últimas elecciones municipales, se ´premió´ con un puesto en la candidatura del Partido Popular al Senado que mantendrá en la convocatoria del próximo 26 de junio.

Para terminar con este asunto solo quiero recordarle lo que esta semana ha dicho el abogado Diego de Ramón, el primero que interpuso una querella ante la Fiscalía para que investigara las presuntas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la empresa pública Desaladora de Escombreras: «Se trata del mayor escándalo de corrupción de la Región de Murcia, al suponer un agujero de 600 millones euros para la Comunidad y representar un gasto que oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros diarios a las arcas del Gobierno regional». Es decir, a nuestros bolsillos.