El alcalde de Cartagena, José López, arremetió ayer contra el grupo municipal CTSSP (Podemos) por exigir al Gobierno local mediante un recurso administrativo -que ayer presentó en el Registro municipal- que se anule la prórroga de 25 años del contrato a la adjudicataria del servicio de abastecimiento de agua, Hidrogea (entonces Aquagest) aprobada por el pleno municipal en 2003. «MC lleva luchando este tema cinco años de forma seria, y no con iniciativas que no tienen medida, sino con un gabinete jurídico, y sin ocurrencias electoralistas como están haciendo otros», dijo el regidor. De este modo, se refería a la convocatoria pública que Podemos hizo ayer -y a la que acudió el secretario general de Podemos Murcia, Oscar Urralburu ante la sede del Edificio Administrativo- para informar sobre la presentación del recurso. La empresa no quiso pronunciarse.

La modificación del contrato para prorrogar la concesión otros 25 años, de 2017 a 2042, fue aprobada por la comisión municipal de Hacienda en 2003, con los votos a favor de PP, PSOE e IU y con la abstención de MC. En el pleno del 12 de noviembre de 2003, se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos. La portavoz municipal de Podemos, a la que también acompañó el secretario general de la formación morada, Javier Escarabajal, indicó que, «en caso de que la respuesta del Gobierno sea desfavorable o que recurra al silencio administrativo, acudiremos a los tribunales para defender un derecho de los ciudadanos y no un negocio».

Añadió que tanto MC como PSOE, al mando del Ejecutivo local, «llevaban en sus programas electorales la nulidad de aquel acuerdo plenario». Asimismo, aludió a un informe del Consejo Jurídico de la Región de 2002 en el que se recoge que la modificación propuesta para la ampliación de la concesión suponía «alterar el contrato vigente en un 100%, tanto en precio como en tiempo, e implica variar los elementos esenciales del contrato que sirvieron de base para la adjudicación, por lo que no tiene encaje en la legislación aplicable».

En este sentido, insistió en que «el contrato debió haber salido de nuevo a contratación pública y no se hizo». Recordó que el acta del pleno y de la citada comisión de Hacienda de 2003, justificaba la prórroga en que la adjudicataria debía hacer importantes obras en las redes de abastecimiento y acometer nuevas actuaciones contempladas en el Plan Urbano. Marcos se preguntó «si las corporaciones anteriores tenían como práctica habitual tomar en consideración informes particulares interesados para adoptar decisiones tan importantes».

López ya le advirtió a Marcos en el pleno del pasado febrero de que «todos queremos lo mismo, pero hay que cumplir unos plazos» y manifestó la intención del Gobierno local de anular la prórroga. «No es sacar la varita mágica. Llevamos 10 meses esperando que nos den el padrón de usuarios y nos han remitido130.000 folios para escanear, ni siquiera nos los han facilitado en archivo digital. No tienen voluntad de colaborar para poner luz. No hay nada que me haga más feliz, pero hasta que sepa de dónde sacan los precios, no sabemos qué gastos son imputables al recibo. Es un lío enorme». El alcalde reiteró que la única que tiene potestad para encargar una auditoría externa es la Interventora municipal, «y ese trabajo lo están haciendo los técnicos municipales».

La portavoz socialista, Obdulia Gómez, aseguró que el PSOE «ha dado muestras de impulsar el control, la fiscalización y la transparencia de todas las empresas adjudicatarias y estamos auditando todos los contratos para poder ofrecer el mejor servicio al precio más justo».