El alcalde de Cartagena, José López, se sumó ayer a la postura del grupo parlamentario C´s al retirar su apoyo a la moratoria urbanística que el PSOE propone para el Mar Menor. «¿Qué es un desarrollo urbanístico? Los seis dúplex que están construyendo a la salida de Mar de Cristal. Y, ¿los paralizamos y arruinamos al promotor?», se preguntó ayer ante los periodistas al terminar su reunión con sus homónimos de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares.
López señaló que su cambio de postura -ya que anteriormente se mostró a favor de la citada moratoria- se debía a que los técnicos municipales me han informado de que este procedimiento «genera incertidumbre e inseguridad jurídica, ya que no detendría ninguna tramitación porque debe ser la propia Asamblea la que legisle la forma de garantizar la viabilidad de la laguna». Añadió que «no es una norma avalada por estudios económicos y sociales». Añadió que «cuando exista un instrumento normativo habrá que contemplar las compensaciones de los propietarios».
En este sentido, el regidor hizo hincapié en que la moción del PSOE dice que la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que vea cuál es el instrumento legal que considere oportuno para suspender cautelarmente los desarrollos urbanísticos que afecten al Mar Menor» y señaló que es el Gobierno regional «el que tiene que decir cuáles son los instrumentos legales oportunos, no los ayuntamientos».
Asimismo, el alcalde de Cartagena señaló que, «a día de hoy, Novo Carthago está vigente, legal y judicialmente, y para el Gobierno municipal la prioridad es la restauración del monasterio de San Ginés y la descontaminación del humedal, dos compromisos que están implícitos en el acuerdo con la propietaria». Sobre este punto, subrayó que, además, el proyecto cuenta con una evaluación medioambiental estratégica, siendo el Plan General Urbano de Cartagena el único que la tiene en toda la Región».
Respecto a la retirada de su apoyo a la moratoria propuesta por el PSOE, señaló que «lo que queremos es una moratoria seria, cualquier norma debe venir aparejada de una cantidad económica para hacer frente a los pagos para compensar a los propietarios perjudicados, que no solo las grandes promociones, sino también las pequeñas». A este respecto, López aludió también a otros proyectos a los que afecta esta moratoria, como son Huerta Calesa o Cala Reona, «que no están propiamente en el Mar Menor pero también están vigentes y pendientes de trámites medioambientales autonómicos».
López se brindó a liderar encuentros similares con los portavoces de los restantes grupos parlamentarios para trabajar «desde el consenso» de todos los partidos de que son necesarias medidas para atajar los problemas provocados por el «crecimiento urbanístico desmesurado y la agricultura intensiva».
A la reunión, que fue solicitada por el grupo parlamentario popular, acudió el portavoz del PP, Víctor Martínez, quien advirtió de que la moción afecta a las actuaciones de la inversión territorializada integrada del mar Menor, supone una «clara injerencia» en las competencias municipales sobre urbanismo y conlleva una «responsabilidad patrimonial» para las arcas autonómicas. De este modo, Martínez coincidió con el alcalde de Cartagena en este último punto. El portavoz del PP señaló que «la moción del PSOE se ha hecho de espaldas a los ayuntamientos para tratar de salvar a Castejón».
Por su parte, el alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida, insistió en que la aplicación de una suspensión temporal de la construcción en la ribera marmenorense «hace mucho daño» a los municipios, por lo que ha pedido al PSOE que retire la moción, mientras que su homólogo de San Javier, José Miguel Luengo, achacó la iniciativa a que el equipo de Gobierno cartagenero, formado por MC y el PSOE, «intenta arreglar en la Asamblea un problema de convivencia».
Finalmente, la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, mostró su preocupación por una medida que paralizaría todas las actuaciones en estos cuatro municipios, además de la tramitación de los planes de ordenación urbana en curso, como ocurre en su localidad.
Estaba previsto que acudiera la vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, quien ha excusado su presencia, según fuentes cercanas al encuentro. Precisamente, la moratoria urbanística fue una alternativa que respaldó el secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, después de que López y Castejón manifestan públicamente sus diferentes criterios respecto a la posibilidad de que la promotora Hansa Urbana pudiera llevar adelante el desarrollo urbanístico de Novo Carthago, una vez que cumpliera sus compromisos en relación con el monasterio de San Ginés, tal y como le obliga una reciente sentencia judicial.
Por su parte, el diputado parlamentario regional de Podemos, Andrés Pedreño, aseguró que «es falso que esta moratoria bloquearía el desarrollo económico y turístico del Mar Menor. Lo que se pretende es que por un lado se regulen los grandes desarrollos urbanísticos y por otro, se atiendan a los pequeños desarrollos, así como a los crecimientos vegetativos de las poblaciones».
