El juez del caso Novo Carthago en el Supremo ha rechazado la práctica de pruebas pedidas por la acción popular, en un caso que implica a la senadora popular y alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, contra la que actúan como acusación IU y dos concejales socialistas.
El Supremo aceptó que IU, dos concejales socialistas y una asociación naturalista fueran acusación popular en la investigación seguida contra la alcaldesa de Cartagena y senadora por supuesta corrupción urbanística junto al Mar Menor.
La decisión del Supremo revistió especial importancia porque el fiscal pidió el sobreseimiento provisional del caso por considerar que las sospechas de prevaricación no habían sido adecuadamente fundadas.
De este modo, sin la personación de una acusación popular no hubiera sido posible mantener el procedimiento, porque nadie hubiera acusado.
Sin embargo, el juez del caso, José Ramón Soriano, ha rechazado las peticiones de prueba de la acusación y les ha exigido que se pronuncien sobre la posición del fiscal favorable al archivo.
La alcaldesa de Cartagena negó en la comparecencia que celebró en 2015 ante el Tribunal Supremo, donde compareció como imputada, haber prevaricado al recalificar unos terrenos protegidos junto al Mar Menor para edificar viviendas, hoteles y un campo de golf.
El abogado de Barreiro, Rául Pardo, ha explicado a esta redacció que "la revocación del sobreseimiento fue para que el Juez se pronunciara sobre las diligencias de prueba (impertinentes e innecesarias, por no decir absurdas) que pidieron las acusaciones y que no fueron tenidas en cuenta por decretar el sobresemiento con anterioridad. Y, en efecto, ha ocurrido lo que era de esperar: su rechazo por el citado motivo. Ahora sólo cabe esperar a que el Juez vuelva a decretar el sobreseimiento libre, sin perjuicio del derecho de las Acusaciones a recurrir ante la Sala para que se pronuncie sobre la pertinencia de las pruebas, lo que nunca antes hizo"
