La Cámara de Comercio de Cartagena, presidida por Miguel Martínez, emitió ayer un comunicado oficial para mostrar su postura opuesta a que se ponga en marcha una moratoria urbanística en el Mar Menor. Así, la nota facilitada recoge la «profunda preocupación» por el potencial y, a su juicio, «muy negativo impacto» que para la economía de la Región y, «especialmente para los municipios ribereños», supondría la aplicación de la moratoria urbanística en la zona. El comunicado sale tras el compromiso del Gobierno local de solicitar una moratoria urbanística en aquellas zonas del Mar Menor que lo necesiten.
«Somos conscientes y valoramos los estudios llevados a cabo por el Pacto por el Mar Menor y las necesidades de converger hacia políticas de sostenibilidad», afirman desde la Cámara, aunque añaden que «en las actuales circunstancias, sectores como la agricultura, el turismo y el desarrollo inmobiliario, que lideran la recuperación de la comarca, no deberían ver cercenado su desarrollo, si no ser potenciados con un fuerte compromiso de sostenibilidad desde todas las administraciones públicas implicadas».
En este sentido, desde el órgano cameral remiten a la Ley de Gestión del Mar Menor como «la herramienta que todos deseamos para gestionar la regeneración y conservación de la laguna, todo ello en estrecha relación con los municipios ribereños, así como con otras herramientas ya disponibles como la Memoria Ambiental del Plan General de Cartagena».
45 millones de euros
Finalmente, desde la Cámara se recordó que la Región es una de las tres Comunidades seleccionadas por la Comisión Europea para participar en un Instrumento Territorializado de Inversión (ITI), que con un importe ya aprobado de 45 millones de euros «está llamado a convertir el Mar Menor y su entorno en un referente internacional a través de la preservación medioambiental, el desarrollo de infraestructuras y el impulso de la actividad económica». Para el órgano cameral, la moratoria urbanística «podría afectar al desarrollo de este plan».
