La concejalía de Hacienda ha desempolvado el cajón donde se acumulan los impagos de los impuestos municipales de los inmuebles de la ciudad. En él, la edil de Movimiento Ciudadano Isabel García se ha encontrado con cientos de expedientes de morosos. Ante esto, el Ejecutivo local que lideran el alcalde José López (MC) y la vicealcaldesa Ana Belén Castejón (PSOE) baraja la idea de embargar los hogares de los deudores y sacarlos a subasta pública, tal y como denuncian desde CTSSP-Podemos.

Según fuentes conocedoras de esta cuestión, la situación es la siguiente: Muchas de las casas acumulan más de una década sin pagar la tasa que cobra el Consistorio en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Una carga que cada familia cartagenera tiene que abonar religiosamente cada año y que oscila entre los 30 y los 500 euros, aproximadamente, en función del tipo de vivienda. Por ejemplo, un piso en la zona del Sindicato de 70 metros cuadrados tributa anualmente unos 250 euros de IBI.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) dice que más de la mitad de familias a las que ayudan llevan tiempo sin pagar el IBI porque no tienen ni para comer. Precisamente, la concejal Pilar Marcos, de CTSSP-Podemos, teme que gente sin recursos acabe perdiendo su hogar. «El Ayuntamiento aún no sabe lo que va a hacer con los impagos, pero no pueden dejar sin casa a una familia que está en riesgo de exclusión», advierte Marcos. Por su parte, la PAH afirma que «hasta ahora nunca se ha embargado a nadie en Cartagena por no pagar el IBI y, además, lo normal es que los inmuebles pertenezcan al banco porque el inquilino tiene una hipoteca que pagar todos los meses. Así que en este caso, el Ayuntamiento no puede subastar una casa cuyo dueño es una entidad financiera».

CTSSP-Podemos tiene claro que la solución para evitar que centenares de familias pierdan su vivienda pasa por Servicios Sociales y Hacienda. «Tienen que estudiar cada uno de los casos de embargo con el objetivo final de la protección de aquellas personas y familias en riesgo de exclusión social», destaca la edil Marcos. Asimismo, la concejal recalca que «el Ayuntamiento no puedo obviar el mandato de la Constitución Española, donde se recoge que toda persona tiene derecho a una vivienda digna».

Muchos ni lo saben

Se da el caso de que muchos de los morosos ni siquiera han recibido la notificación de su deuda, apunta Marcos, quien también añade que la mayoría de los inmuebles en riesgo de embargo son viviendas de primera residencia. Por eso, la formación morada cree que el Organismo de Recaudación Municipal tiene que notificar a los propietarios de esas casas para que éstos puedan defenderse antes de que se produzca cualquier embargo. El nuevo Gobierno municipal incluyó el fraccionamiento del pago del IBI nada más tomar el poder y ha creado una Oficina Antidesahucios. No obstante, la PAH critica que el Ayuntamiento no da ayudas para pagar el IBI. «Alegan que sería como pagarse a sí mismos», concluyen.