La Asamblea Regional de Murcia aprobó ayer una proposición de ley para que el Gobierno regional abra el Rosell con todos los servicios como segundo centro sanitario general de Cartagena. Con los votos a favor de la oposición, la iniciativa salió adelante tras votar uno a uno todos los diputados al pedirlo así el PP por considerar que esta ley incumple cuatro normas legales. En un debate bronco, en el que se escucharon insultos al PP desde el espacio habilitado para el público asistente, PSOE, Podemos y Ciudadanos sacaron adelante una ley que conmina al Ejecutivo murciano a que abra el Rosell con todas las prestaciones habituales, como urgencias, UCI, hospitalización, laboratorio y especialidades, entre otras.
La sesión, a la que asistieron representantes de la plataforma en Defensa de la Sanidad Pública Salvemos el Rosell y concejales del ayuntamiento de Cartagena, concluyó en un fuerte enfrentamiento entre los portavoces de la oposición y el del PP, Víctor Martínez, quien la acusó de «traicionar y estafar» a los ciudadanos con una ley «irrealizable». Martínez aseguró que el hospital «nunca se ha cerrado» y contrapuso la iniciativa de la oposición a un plan funcional de la consejería de Sanidad «elaborado por los que más saben, los profesionales», y no por «23 diputados» de la oposición «encerrados en un despacho».
A su juicio, PSOE, Podemos y Ciudadanos «intentan suplantar» al Ejecutivo «en una clara injerencia de competencias» con «leyes sin presupuesto que saben que no pueden cumplir para obtener réditos electorales» y vulneran el artículo 120.2 del reglamento de la Asamblea, el 134.6 de la Constitución y las leyes de Estabilidad Presupuestaria y de Transparencia. Por ello, pidió que los diputados voten la proposición nominalmente «por incurrir la oposición en el incumplimiento» de las cuatro leyes.
La oposición criticó duramente el tono y el fondo de la intervención de Martínez, a quien el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, acusó de «bajar el debate al nivel de 'Barrio Sésamo'» porque no sabe lo que significa «abrir y cerrar, que es lo que hizo el Gobierno regional en 2011 con el Rosell entregando su gestión a la empresa privada y alquilando una parte a Defensa». Añadió que quien «no entiende la separación de poderes» es el PP, al que le «cuesta cumplir la ley», y advirtió de que estarán vigilantes para que el Gobierno regional desarrolle la norma aprobada y, si no, verse «en los tribunales una vez más».
El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, subrayó que hoy -ayer para el lector- es «uno de esos días en los que se encuentra sentido a la noble profesión de la política», valoró una ley que responde a un «clamor muy justificado» para «intentar paliar un problema grave» generado por el PP. Sobre la posición del PP, que anunció llevar esta propuesta de ley ante el Tribunal Consistitucional y ante la justicia, contestó: «Prefiero que me lleven a los tribunales por abrir hospitales que por presuntamente recepcionar un auditorio sin terminar, hacer un aeropuerto sin aviones, firmar contratos leoninos para construir desalinizadoras o nombramientos con un dedo mágico»
Desde el PSOE, Antonio Guillamón valoró que los 5 millones de euros de la enmienda de la oposición a los presupuestos regionales para el Rosell dota de financiación a esta ley. El Gobierno murciano deberá poner en marcha 11 líneas estratégicas propuestas por la Consejería en 2009 y aprobadas en 2010. La Consejería tiene tres meses para organizar los servicios.
