El deterioro y la situación de la Catedral de Cartagena llegará al Congreso de los Diputados y a la Asamblea Regional. Así lo comunicó ayer el portavoz de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento, Manuel Padín, quien ha contactado con los diputados de su partido en las dos Cámaras, para hacerles llegar toda al documentación relativa al «lamentable estado en que se encuentra la catedral Santa María la Mayor». El objetivo, según Padín, es «interrogar a ambas administraciones públicas por su cuota de responsabilidad en el abandono del templo y abrir de nuevo al debate regional y nacional el futuro de este símbolo cartagenero».
De esta forma, según un comunicado de la formación naranja, los diputados en el Congreso Miguel Garaulet y José Luis Martínez preguntarán si el Gobierno central tiene constancia del estado en el que se encuentra la Catedral, qué medidas está tomando o tiene previstas para frenar su progresivo deterioro y si ha contactado con el Obispado de Cartagena para revisar el grado de cumplimiento del acuerdo de colaboración con el ministerio de Cultura relativo al Plan Nacional de Catedrales, cuyo objetivo es la restauración integral del templo.
Por otro lado, los diputados regionales preguntarán en la Asamblea, además de por las medidas previstas por la Comunidad para evitar la degradación de este patrimonio, si las obras de acceso a la Catedral a través del Teatro Romano por la escalera de Víctor Beltrí, pueden suponer una alteración del BIC catedralicio.
Acceso por el Teatro Romano
Precisamente la entrada a la Catedral ha sido criticada por la plataforma ciudadana Virgen de la Caridad, que denunció la previsión de la consejería de Cultura y la dirección general de Bienes Culturales de «privatizar el templo». El colectivo lamentó que el Departamento regional podría haber permitido el acceso de forma gratuita por la puerta principal de la calle del Osario, pero eligió promocionar otro bien y su estructura organizativa, como es el Museo del Teatro Romano, para entrar pagando por éste a la Catedral».
La plataforma desveló la negativa de Bienes Culturales a su petición de entrada por la puerta principal, ya que el colectivo se basaba en la Ley de Patrimonio Histórico Español, que «no es de aplicación a esta Comunidad Autónoma», recoge la respuesta oficial.
