Las defensas de los policías ven lagunas en la acusación de la fiscal del caso Cala Cortina

Y es que, según relató Pardo-Geijo, así como otros letrados que dirigen las defensas de los agentes, las calificaciones del Ministerio Público «no concretan la participación de cada uno de los acusados» en el presunto homicidio de Diego. Asimismo, cuando el escrito dice cómo presuntamente arrojaron al mar el cadáver, «se limita a decir que fue desde algún punto de la bahía, cuando debería conocerse el lugar exacto a aproximado desde donde se supone que lanzaron el cuerpo al mar».

El letrado se mostró sorprendido de que el Ministerio Público haya solicitado casi las penas máximas -la fiscal ha pedido 14 años por un delito de homicidio y 6 por otro de detención ilegal-, pese a las imprecisiones de sus calificaciones previas. «No estamos en nada de acuerdo con el escrito de la Fiscalía, y así lo mostraremos cuando presentemos nuestro relato de los hechos», dijeron las defensas. De hecho, por su parte, Pardo-Geijo lamentó que aún queden pruebas por practicar y por recibir, «como una maqueta de la zona que encargó la propia fiscal».

También el margen temporal de los hechos fue criticado por las defensas al entender que «la reconstrucción de lo ocurrido evidenció que los agentes no tuvieron tiempo de golpear a Diego hasta su muerte y luego arrojar al mar su cuerpo, ya que como máximo permanecieron siete minutos en la playa».

Conocer al testigo protegido

Los abogados de los agentes también precisaron que sus defensas nada tendrán que ver con la acusación de la fiscal, como manifestó el letrado José Antonio Prieto, ya que entienden que existen, entre otras pruebas, informes contradictorios sobre la muerte del vecino de Las 600.

De hecho, concretan que el Ministerio Público habla de que los policías «procedieron a propinarle golpes causándole la muerte por rotura de las vértebras del cuello», mientras que el informe forense dice que falleció «a consecuencia de una llave de artes marciales».

Además, las defensas indicaron que el juzgado les debe permitir conocer la identidad del testigo protegido del caso -al parecer vio cómo los policías golpearon a Diego antes de meterlo en el coche para llevarlo a Cala Cortina-, con el objetivo de saber su relación con el fallecido o sus vecinos. También deberán aportar sus escritos de conclusiones provisionales; un proceso que podría dilatarse un mes.

Antes de ellos, la acusación particular, dirigida por Francisco Belda, tiene, según el procedimiento, cuatro días para presentar su petición de pena, que a priori será mayor que la del Ministerio Público tanto en años de prisión como en las indemnizaciones a la hija del fallecido (200.000 euros pide la fiscal) y sus hermanos (30.000 euros). Belda calificó las calificaciones previas de la Fiscalía como «un gran escrito de acusación, teniendo en cuenta lo complejísimo del asunto».