Tribunales

Multan con 9.300 euros al Colegio de Administradores de Fincas por infringir la ley de Competencia

La Comisión Nacional de los Mercados da la razón al abogado cartagenero Francisco Garzón que denunció el monopolio del organismo al imponer honorarios mínimos - El letrado acudió también a la Justicia tras recibir amenazas por ofrecer descuentos y decir que no cobraba comisiones de proveedores

09.02.2016 | 04:00
El agobado cartagenero Francisco Garzón
El agobado cartagenero Francisco Garzón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, ha sancionado al Colegio Oficial de Administradores de Fincas de la Región de Murcia, con una multa de 9.300 euros por infringir el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, lo que da la razón al abogado cartagenero Francisco Garzón, quien inició el proceso contra el colegio hace ya tres años.

La resolución de la CNMC considera en sus conclusiones que el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de la Región de Murcia «pretende coartar la libre competencia en precios de los administradores de fincas», ya que «impuso baremos de honorarios mínimos a los colegiados –prohibidos tras la reforma de la Ley en 2009– llegando a coaccionarlos con expulsarlos para que se ajustasen a estos precios mínimos».

Garzón denunció la situación de monopolio y el establecimiento de honorarios mínimos, por parte del Colegio. En 2015 ya consiguió que el Servicio Regional de Defensa de la Competencia le diera la razón y propusiera a la CNMC una multa de 60.000 euros contra el órgano colegial por infringir la ley de libre competencia. Un mes después esta sanción quedó reducida a 9.300 euros, a consecuencia de que el Tribunal Supremo limitara a esta cuantía todas las sanciones a los colegios profesionales.

Este proceso se inició hace más de tres años cuando Garzón hizo una publicidad con un descuento en sus honorarios como administrador de fincas de hasta el 30%. En la misma publicidad señalaba que no cobraba ´el cazo´, es decir, comisiones de los proveedores que trabajan en las comunidades de propietarios, por ejemplo, arreglar una fachada o pintar la escalera de un edificio. Se trata de un práctica incorrecta, pero muy habitual y difícil de demostrar ya que los proveedores se juegan quedarse sin clientes y prefieren guardar silencio, aunque lo sabe todo el mundo, menos los propietarios de los edificios que son los que pagan la cuota mensual por la derrama de turno.

Persecución y amenazas
El Servicio Regional de Defensa de la Competencia elevó el expediente sancionador contra el Colegio a la CNMC y, el pasado 24 de noviembre ésta emitió la citada resolución.

Garzón emprendió además acciones judiciales, aún pendientes de sentencia en el juzgado nº 5 de Cartagena, después de que Colegio Oficial de Administradores de Fincas de la Región de Murcia iniciara una persecución contra él enviando circulares al resto de colegiados amenazándolos con expulsar a quienes hicieran rebajas sobre los honorarios concertados colectivamente, lo que consideró un perjuicio a su honor e imagen profesional.

«Ante la mala praxis del COAFMU me vi obligado a interponer demanda ante el Juzgado, así como denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia a fin de que se resolvieran las irregularidades que el COAFMU estaba llevando a cabo». En este sentido, las autoridades de Competencia argumentan en su resolución que «la fijación de precios mínimos iba acompañada de amenazas, coacciones y otras acciones dirigidas contra los profesionales que desearan aplicar rebajas o descuentos en los precios».

En palabras de Garzón «es muy grave esta conducta en un colegio profesional, y me refiero a los dirigentes del mismo, el presidente D. Felipe Alarcón, y el hasta hace poco vicepresidente primero, el administrador de fincas y también cartagenero, D. Juan Manuel Moreno Escosa. Estoy contento de que se haya hecho justicia y estoy a la espera del resultado del procedimiento judicial».

Esta Redacción se puso en contacto ayer con Escosa, quien prefirió no hacer declaraciones y se remitió al Colegio, con cuyo abogado tampoco fue posible hablar.

La CNMC ha colgado en su web la resolución «que considera probado que el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de la Región de Murcia era plenamente consciente de la prohibición del mantenimiento de honorarios orientativos de precios tras la reforma de la ley de Colegios Profesionales en 2009. No obstante, decidió continuar manteniendo este baremo de precios mínimos los años siguientes y controlando su implantación y seguimiento entre los colegiados – especialmente de la zona de Cartagena y La Manga del Mar Menor– para lo que remitía circulares y celebraba reuniones en las que se coordinaban y actualizaban colectivamente los honorarios a través de estudios económicos de costes mínimos que evitasen la competencia entre los profesionales afectados».

Garzón hizo hincapié en que los ciudadanos ya tienen un criterio establecido por la CNMC para saber que si el administrador ofrece un descuento en sus honorarios por sus servicios, «no sólo no repercute en la calidad de los mismos, sino que es una actuación legal y conforme a la libre competencia del mercado, y supone un beneficio para los propietarios de las comunidades».

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