«La corrupción empresarial podría estar relacionada con un aumento de certificaciones de calidad ISO en aquellos países que tienen menor peso en la economía global». Esa es la conclusión a la que ha llegado la ya doctora por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Olga Rodríguez, en su tesis basada en los determinantes que influyen en la implantación de la norma ISO 9001.
De esta forma, fuentes de la Politécnica han señalado que Rodríguez defendió recientemente su estudio, dirigido por el profesor de la UPCT Ángel Rafael Martínez, sobre esta norma internacional centrada en los elementos de administración de calidad «que debe poseer una empresa para mejorar los productos y servicios que ofrece».
Un comunicado de la institución docente señala que tras revisar diversa literatura relacionada con la certificación ISO 9001 y analizar los modelos de difusión de la misma, la nueva doctora advirtió de que muchas de las empresas a estudio obtuvieron el certificado de calidad «sólo como una forma de mejorar su imagen». Según su teoría, esta situación puede provocar que exista la tentación de obtener la norma ISO a un coste mínimo y sin ningún cambio real en el sistema de gestión de calidad de la empresa», algo que en el argot empresarial se define como un 'qualitywashing', según Rodríguez.
Para llegar a sus conclusiones, el estudio aporta diversos datos como que a finales de 2013, más de 1,1 millones de empresas en todo el mundo habían conseguido la certificación ISO 9001. La tesis expone ejemplos concretos, como los de Alemania y España, líderes en este tipo de certificaciones y que en 2008 alcanzaron las 48.324 y 68.730 certificaciones, respectivamente. Unos datos que, según la nueva doctora, no cuadran. Y es que, según afirmó la egresada, «se supone que el potencial de certificaciones de Alemania ha de ser superior al de España, al ser un país más rico, por lo que debe tener mayor cantidad de empresas certificables, algo que no ocurre así».
Sobre los resultados de su tesis sobre cómo puede vincularse la corrupción empresarial a las certificaciones de calidad, explicó que «podría darse el caso de que la compañía pagara a profesionales independientes y les indujeran a modificar su valoración y a actuar de forma contraria a como deberían en el desarrollo de su actividad laboral».
Además, Rodríguez alertó de que «se podría incurrir en corrupción empresarial si se contrata a auditores de dudosa ética o es la propia empresa la que trata de engañar al auditor, ocultando información o falsificando registros, como forma de obtener la certificación a un mínimo coste sin modificar la gestión de la empresa» en materia de calidad.
Pérdida de credibilidad
A juicio de la doctora, la actuación ilícita de las empresas podría ocasionar «una pérdida de confianza» en la norma de calidad por parte del resto de las compañías. Para evitar ese deterioro en la credibilidad del reconocimiento, Rodríguez planteó diversas medidas, entre las que destaca que la International Standardization Organization (ISO), institución que se encarga de gestionar la norma, realice auditorías que garanticen que las empresas certificadas realmente aplican un sistema de gestión de calidad.
Del mismo modo, la tesis de la egresada apuesta por pedir a los estados que quieran fomentar la aplicación de la normativa, «que procuren que las organizaciones que habilitan a otras para que actúen de auditoras velen por su trabajo, así como que impidan los sobornos a los auditores».
Finalmente, Rodríguez habló de la necesidad de que los responsables de compras de las empresas evalúen concienzudamente a sus proveedores teniendo en cuenta, entre otras cosas, quién es la organización que le ha otorgado el certificado y primar a aquellos auditados por organizaciones más prestigiosas sobre las de peor reputación.
