Decenas de padres divorciados de la comarca de Cartagena soñarán estas navidades con un regalo que jamás hubieran imaginado desear: Poder ver a sus hijos. Independientemente de las consecuencias que hayan provocado su separación, éstos afectados reivindican un derecho que la Justicia les ha otorgado en los juzgados, pero que se les niega en la vida real por puro colapso administrativo.
Muchos de estos separados se sienten como auténticas víctimas de una ley de Violencia de Género que consideran que no es igual para todos. Así lo denuncia Carlos Manzanares, presidente de la Asociación por una Igualdad Real y Efectiva (AIRE). «En casos de separación o malos tratos la versión de la mujer prevalece por encima de la del hombre y este principio injusto deja desprotegida y desamparada a toda la familia en sí», destaca Manzanares, quien también subraya que «los menores son los primeros que sufren todas estas consecuencias».
Padres como el cartagenero José María Balanza ni siquiera han podido leer la carta que sus hijos les han mandado a los Reyes Magos. Lleva más de un año de extrema desesperación. Más de 365 días sin ver a sus dos hijos de cinco años. Balanza ya no tiene edad para escribir a Sus Majestades de Oriente, pero sí que le ha transmitido su situación vía postal al Defensor del Pueblo. Él, como muchos otros progenitores, se queja de que «aunque la Ley me da derecho a ver a mis hijos, no puedo estar con ellos porque no me dan cita para verles en el punto de encuentro familiar».
Desde el despacho Casado Mena Abogados sostienen que «es muy común ver casos como el de José María en el que las madres emplean denuncias instrumentales, la mayoría de ellas ficticias, para conseguir retrasar que estos padres consigan la custodia de sus hijos». El problema, explican los letrados, es que mientras se produce el proceso de divorcio sus exparejas consiguen separar por completo al padre del niño, rompiendo cualquier tipo de contacto y vínculo entre ellos. Esta situación hace que una vez que se resuelve favorablemente el divorcio ante los tribunales, el juez obligue a que los primeros contactos entre el progenitor y sus hijos se hagan bajo la supervisión de un orientador de la Administración en un punto de encuentro familiar.
Cuando la Justicia les ha devuelto a sus hijos, los afectados critican que se encuentran con una larga lista de espera de hasta un año para conseguir esa cita en el punto de encuentro familiar. El PSOE elevó dicha situación ante el parlamento autonómico y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, respondió textualmente el 16 de octubre de 2015 en la Asamblea Regional que «tanto los recursos humanos como materiales que se destinan a la prestación del servicio de Punto de Encuentro permiten mantener un servicio de atención con calidad suficiente para el número de casos que es atendido».
Numerosa lista de espera
Sin embargo, la valoración de la consejera Tomás se contradice con un documento al que ha tenido acceso LA OPINIÓN y que está redactado con fecha a 14 de diciembre de 2015. En él, la jefa de servicio de Familia, Josefa García, señala ante el requerimiento de un padre que acumula cerca de un año sin que le llamen para ver a sus hijas en el punto de encuentro de Cartagena que «no es posible iniciar la ejecución de la visita por existir demora en el inicio de nuevos casos y por haber una elevada demanda que ocasiona una numerosa lista de espera».
El punto de encuentro de Cartagena y la Comunidad han preferido no hacer ninguna declaración al respecto. Este organismo está ahora en la escuela infantil La Gaviota, cerca al centro comercial Mandarache y junto a la Ronda Ciudad de La Unión. Hasta hace poco se encontraba en una zona casi marginal de la Urbanización Mediterráneo.
