Tribunales

"Este año celebraremos la Navidad"

Los cinco agentes implicados en el caso Cala Cortina quedan en libertad provisional a la espera de que se celebre el juicio - Varios familiares viajan a Castellón y a Madrid para recogerlos a su salida de la cárcel

18.12.2015 | 04:00
Concentración de policías en apoyo a sus compañeros encarcelados, ante la puerta de Comisaría el pasado octubre.

«Este año celebraremos la Navidad porque el anterior no lo hicimos», señaló ayer a esta Redacción, Juana, hermana de Rubén, uno de los cinco policías investigados por los presuntos delitos de homicidio y detención ilegal de Diego Pérez –el vecino de la barriada Las Seiscientas, cuyo cadáver apareció flotando en Cala Cortina en marzo de 2014. Tras pasar 14 meses en las prisiones de Castellón II y Estremera (Madrid), los agentes quedaron ayer en libertad provisional hasta que se celebre el juicio. Un sexto policía falleció en la cárcel el pasado octubre.

La titular del juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha resuelto en un auto, que se notificó ayer a las familias, que debían «ser puestos inmediatamente en libertad, si no estuvieran privados de ella por otra causa, con obligación de comparecer –mediante apoderamiento con procurador– los días 15 de cada mes, o día siguiente hábil, así como tantas veces fueran requeridos, y con la prohibición de salida del territorio nacional como medida cautelar, con la consiguiente retirada del pasaporte». Además, deben entregar en el plazo de tres días sus pasaportes en el juzgado.

«Cuando me ha llamado mi abogado me he echado a llorar. Estamos locos de contentos», señaló Elena Campoy, esposa de José Luis Solano, uno de los policías investigados. Elena se trasladó ayer junto a su cuñada y sus suegros hasta la prisión de Castellón II parar recoger a su marido.

La magistrada subraya el carácter excepcional de la prisión provisional y añade que «ha cumplido los fines para los que fue acordada» y que ha finalizado la fase de instrucción de la causa, que ayer se trasladó para su calificación al Ministerio Público «por lo que el riesgo de destrucción de pruebas es igualmente mucho menor».

Asimismo, la resolución asegura que las medidas cautelares adoptadas –retirada del pasaporte y prohibición de salir de España– «garantizan el sometimiento de los imputados al procedimiento que se sigue contra ellos, ya que la totalidad de los mismos tienen acreditado el arraigo personal y familiar en esta localidad». La resolución no es firme, y cabe interponer recurso de reforma o apelación.

En declaraciones a esta Redacción, uno de los abogados de la defensa, Raúl Pardo-Geijo, indicó que el riesgo de destrucción de pruebas «era el mismo este mes que el anterior o que hace dos», aunque no quiso hacer valoraciones hasta no estudiar el auto en profundidad.
El abogado de la acusación prefirió no hacer declaraciones. La siguiente fase será que el Fiscal y la acusación particular –que hay dos– presentes sus escritos; y los abogados de la defensa los suyos. Posteriormente se llevará a cabo la elección del jurado popular y la fecha del juicio.

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