La Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, amenaza con llevar al ayuntamiento de Cartagena ante la Fiscalía si la Administración que dirige el alcalde José López sigue sin dar respuesta a sus requerimientos. El Consistorio tiene abiertos dos expedientes por el registro de asociaciones locales y la prestación de servicios. Los informes tienen fecha de salida el 7 de noviembre de 2014 y el día 9 de septiembre de 2015, respectivamente.
El primero de ellos acumula una demora de 396 días, mientras que el de prestación de servicios acarrea 90 días de retraso.
Becerril envió una carta a los ayuntamientos españoles que siguen sin darle una respuesta. En total, hay 19 consistorios que llevan más de cien días sin contestar a su requerimientos, el de La Unión también se encuentra en entre ellos. Su expediente está relacionado con la tenencia y uso de animales en el municipio minero. El mismo data del día 16 de julio de 2015, conllevando así un silencio de 145 días.
Cartagena y La Unión no son los únicos lugares de la Región de Murcia que quedan retratados en esta ´lista negra´ de la Defensor del Pueblo. Junto a ellos también aparecen los ayuntamientos de Mazarrón y de Totana. El municipio alfarero tiene un expediente sin responder desde el día 9 de septiembre de 2015 debido a contratos locales. Por su parte, Mazarrón suma dos expedientes sin respuesta. Ambos fueron emitidos del día 24 de septiembre de 2015 y se deben a incidencias con vías pecuarias y ordenación del tráfico.
La oficina del Defensor considera 'administración no colaboradora' a aquella que no contesta tras haberle enviado requerimientos en tres ocasiones y actualiza diariamente el listado de estas administraciones en su página web www.defensordelpueblo.es. Para solventar esta cuestión la Defensor del Pueblo ha enviado una carta al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, con el fin de que éste inste a los ayuntamientos que no colaboran con la institución que dirige a responder a sus avisos.
Entre los ayuntamientos que no responden se encuentran algunos como: Alicante, Arenys de Mar (Barcelona), Barruelo de Santullán (Palencia), Borobia (Soria), Caminomorisco (Cáceres), Colmenar de Oreja (Madrid), Cuenca, Gerindote (Toledo), Lantadilla (Palencia), La Pola de Gordón (León), Molvízar (Granada), entidad local menor Nava de los Oteros (León), Santa María del Páramo (León), San Ildefonso-La Granja (Segovia), Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), Villapalacios (Albacete) y Yeste (Albacete).
La Defensor Soledad Becerril recordó que todas las administraciones tienen la obligación de responder y colaborar con su institución y remitirle la información solicitada. Además, insistió en que en caso de no colaborar, la Defensor puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, según establece el artículo 24 del Capítulo VI de la Ley Orgánica 3/81, que regula la Institución.
