Una veintena de ciudadanos de la Comarca de Cartagena han puesto en marcha la nueva Plataforma por la defensa de las Infraestructuras y el desarrollo de la Comarca (PIC), que tiene como objetivo velar por los intereses de la zona en materia de infraestructuras. Según explicó la plataforma en un comunicado, esta organización nace ante la indignación por ciertas actuaciones y decisiones relacionadas con proyectos de gran relevancia económica que «sin lógica alguna se han alejado de su localización natural de Cartagena».
Entre ellas, destacaron algunas como el traslado de la zona de actividades logísticas (ZAL) de Cartagena a un puerto seco en Sangonera, «a 50 kilómetros al interior de la Región, algo inaudito en el arco mediterráneo y europeo y que lastraría desmedidamente el progreso del puerto y su comarca».
La plataforma también denunció la creación del nuevo recinto ferial IFEMUR en Murcia capital «relegando a la desaparición al actual recinto ferial de IFEPA en Torre Pacheco», así como la construcción del aeropuerto de Corvera «en el término municipal de Murcia previendo el cierre de San Javier», el cierre del hospital del Rosell de Cartagena o la llegada del AVE a través de «un tren de segunda sin electrificación que aprovechará las vías actuales».
En cuanto al Mar Menor, criticaron que los municipios ribereños «sufren año tras año la temporalidad de su turismo, las inundaciones, los fangos, las medusas» sin que se aporten «soluciones reales y efectivas para recuperar de una vez por todas este enclave único en el mundo», a la vez que se mantiene la «inoperatividad ante el mayor desastre ecológico del Mediterráneo», la anegación de la unionense bahía de Portmán.
Exigen más descentralización
Asimismo, la plataforma exigió que se ponga en marcha un proceso de «descentralización administrativa» y se cree la nueva Ciudad de la Justicia de Cartagena. La plataforma publicó un manifiesto en el que recoge todas estas denuncias y reivindicaciones y ha pedido a los 430.000 ciudadanos de la comarca que se adhieran a él, así como que los agentes sociales, económicos y políticos de la zona pongan en marcha todas las medidas a su alcance para frenar la «múltiple injusticia» contra la comarca.
