Cada nuevo dato que arroja la investigación de la Comunidad Autónoma en torno a la labor de gestión de residuos de la planta de Befesa en el valle de Escombreras parece un nuevo golpe para el futuro de la empresa, aunque desde la compañía aseguran que tienen documentos que acreditan que la gestión de los productos peligrosos siempre se ha hecho conforme a la ley, «y así quedará demostrado».
No obstante, la rueda de prensa de la consejera de Medio Ambiente de la Región, Adela Martínez-Cachá, volvieron ayer a poner el foco en una mala práxis por parte de la compañía en sus instalaciones del valle de Escombreras. Y es que, según indicó la jefa del Departamento autonómico, unos documentos de control de seguimiento de la empresa han descubierto la existencia de otros 2.000 bidones de residuos cuyo destino se desconoce por parte de la Consejería, por lo que han exigido a la compañía que explique el centro de gestión final al que han sido enviados.
Asimismo, Martínez-Cachá recordó que el pasado 16 de septiembre, se suspendió la actividad de la planta y se ordenó a la empresa que entregara a un gestor final de residuos los 2.193 bidones de orto-diclorobenceno que tenía almacenados en un centro de transferencia.
La consejera también explicó que un dron del Departamento regional detectó 761.084 metros cúbicos de residuos peligrosos en Befesa, cuando sólo tenía autorización para 550.000. Estos datos revelan que la compañía gestionó 900 toneladas más de lo permitido, justo cuando la sociedad había pedido una ampliación para 1,1 millones de metros cúbicos más, según indicaron desde la Consejería de Medio Ambiente.
Procedimiento habitual
Según las palabras de Martínez-Cachá, el dron fue utilizado a raíz de esa petición de ampliación por parte de la empresa, ya que el trámite perceptivo consta de la revisión de la planta para ver si reúne los requisitos legales y para acreditar el volumen del que se parte y que, como quedó comprobado, lo autorizado fue superado ampliamente.
La comparecencia de la consejera tuvo como objetivo aclarar la situación de la planta, actualmente sin actividad, lo que ha motivado la incertidumbre por parte de los trabajadores, ya que según el Gobierno regional, «hasta que no se aclare lo ocurrido, la empresa no tendrá autorización para seguir trabajando». Los empleados temen un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecte a 40 trabajadores.
El caso Befesa se inició el pasado verano tras una denuncia de la Guardia Civil, a raiz de una investigación, que halló tres bidones enterrados con productos peligrosos que no debieron ser enterrados.
