«El Ayuntamiento está intervenido hasta 2022 y hasta ese año no podemos hacer nada, ni cubrir la tasa de reposición de policías locales». De este modo, el alcalde José López aludió a la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento tras el rechazo de la oposición a la aprobación de las cuentas de la sociedad Casco Antiguo, lo que implica que no se pueda dar el visto bueno a los presupuestos de 2014.

Y es que, esta situación podría suponer una sanción del ministerio de Hacienda de 10.000 a 150.000 euros si no presentan las cuentas en plazo, señaló. De hecho, López, preguntado por LA OPINIÓN, fue más allá y afirmó que sin el visto bueno a los números, el Gobierno central puede cortar el crédito de cuatro millones de euros mensuales que ingresa al Consistorio, lo que puede provocar que «a lo mejor llegue primero de mes y no se pueda pagar a los funcionarios».

El regidor añadió: «Espero que no suceda esto», pero continuó diciendo que «si llegamos a esta situación, los empleados públicos son los que tienen que ver quién ha rechazado las cuentas y pedirles a ellos explicaciones», en alusión a los partidos de la oposición que se negaron en el último pleno a aprobar las cuentas del pasado año.

Tanto es así, que dijo que «la decisión del resto de partidos responde al circo político en el que estamos inmersos, ya que los propios concejales del PP rechazan ahora las cuentas que ellos mismos confeccionaron».

Y es que, tal y como publicó este periódico el pasado viernes, fueron los grupos políticos de la oposición los que se opusieron a dar el visto bueno a las cuentas, ya que existían irregularidades, «subsanables», precisó el alcalde, en cuanto al IVA en la adquisición del edificio San Miguel por parte del Ayuntamiento.

Esas salvedades responden a que aquellos pagos se transfirieron desde el Consistorio a la Sociedad como subvenciones, lo que permitió ahorrarse más de un millón de euros de impuestos en cinco años; así como al porcentaje de participación de Casco Antiguo en Cartagena Joven y la finalidad de varias subvenciones. El Gobierno quiso aprobar las cuentas en la junta de accionistas, pero la oposición se negó