Cayó de una altura de dos metros y se rompió el cuello. Ese es el resultado de un nuevo informe forense del caso Cala Cortina, donde se investiga la muerte del vecino de Las 600 Diego Pérez que desapareció en marzo de 2014 y apareció muerto en la playa cartagenera dos semanas después y que ha sido encargado por las defensas de los policías encarcelados por su presunta implicación en el caso.

Se trata de un nuevo documento que tiene como gran baza la importancia de los profesionales que lo han llevado a cabo. Y es que, los dos especialistas encargados de volver a analizar los hechos han sido Vicente Herrero y Luis Frontela, conocido forense que también ha participado en los casos de las niñas de Alcasser y de Mari Luz.

En su informe, los dos especialistas afirman con rotundidad que Diego «falleció instantáneamente debido a la hemorragia producida en el tronco del encéfalo» y que el mecanismo de la muerte fue que «se cayó desde una altura de unos dos metros, impactando violentamente la cara sobre una superficie dura, que ocasionó la hiperextensión de la cabeza y el cuello, con tal violencia que se fracturaron varias vértebras cervicales, que a su vez lesionaron la médula espinal y el tronco del encéfalo».

De hecho, los forenses van más allá y aseguran que «todas las lesiones que presenta el cadáver se deben a la caída, no existiendo ninguna lesión ajena, lo que descarta la intervención de una segunda persona en el fallecimiento».

Asimismo, los dos especialistas sitúan la fecha del fallecimiento de Diego entre los días 11 y 12 de marzo de 2014, fecha de su desaparición, y proponen una reconstrucción de hechos que situaría al vecino corriendo impulsivamente «muy probablemente bajo un episodio de delirio excitado debido al consumo de drogas», cerca de las rocas de Cala Cortina.

«Debido a su estado, se cayó desde una altura de unos dos metros, impactando la cabeza contra una roca, rompiéndose el cuello y muriendo por lesión del tronco del encéfalo».

Asimismo, tanto Herrero como Frontela son tajantes al decir que «no hay ningún elemento científico que permita, ni siquiera sospechar, que se trate de una muerte de etiología homicida». Finalmente, los forenses afirman que «estando clara la causa y la etiología de la muerte, no consideramos necesaria la exhumación del cadáver».