A la espera de que el Tribunal Supremo (TS) conteste al recurso presentado por el ayuntamiento de Cartagena contra las tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia que anulan el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena por «múltiples y graves defectos», un grupo de propietarios del municipio han decidido unirse y crear una plataforma para defender sus derechos ante la Administración Local, que sería la encargada de indemnizarles.

Este colectivo denominado Plataforma de Afectados por el Plan (Afeplan) envió ayer un comunicado indicando que su objetivo es pedir al Ayuntamiento «que las reformas que se lleven a cabo no supongan perjuicio económico a los propietarios y, por la otra, que les informe de cada uno de los pasos que dé». Así, quieren evitar que se enfoque la solución «de este problema global mediante negociaciones puntuales con propietarios concretos de grandes extensiones o con grandes empresas, en perjuicio del legítimo derecho de todos y cada uno de los cartageneros afectados».

Añadieron que los tres fallos del TSJ, que se hicieron públicos el pasado junio, denuncian la falta de seguridad jurídica en el diseño del plan, por lo que su temor es que pueda no haberla en la forma de afrontar la solución del problema generado por el propio planeamiento.

Lo que temen

  • Los afectados temen que, si finalmente el Supremo rechaza el recurso de la Administración Local y anula de forma definitiva el PGOU aprobado en 2012, entre en vigor el planeamiento anterior que data de 1987. En caso de que haya que redactar un nuevo plan urbano, «muchos propietarios y empresarios perderían los derechos concedidos por el plan de 2012 y tendrían que ser indemnizados. Otros habrían pagado un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por un terreno clasificado como urbanizable desde 2012, con el consiguiente aumento de la cuota tributaria. Además, verían como su suelo -comprado a un alto precio por el carácter urbanizable que le atribuía el avance del PGOU desde 2005- pasa a ser de nuevo no urbanizable, y experimenta una drástica reducción de valor», indicó su portavoz David Ferrer.

Asimismo, quienes hayan empezado a urbanizar el suelo, tendrían que parar las obras tras la anulación, y el Ayuntamiento se vería obligado a indemnizarles.

Afeplan advirtió de que «la cantidad de situaciones es ilimitadamente variada y, en todo caso, sería un perjuicio muy elevado para los cartageneros, que tendría que ser atendido por el Ayuntamiento».

Las personas interesadas en contactar con la plataforma pueden hacerlo en la web: www.afeplan.com