El ayuntamiento de Cartagena, bajo el mandato de la anterior alcaldesa, Pilar Barreiro, ya afirmó rotundamente en su día a través de un portavoz municipal, que «el Consistorio cartagenero se limitó a actuar en la adjudicación y venta de la parcela para la construcción del colegio como en cualquier otro procedimiento similar». Por otra parte, fuentes cercanas al exalcalde socialista José Antonio Alonso, también imputado en la trama ´Púnica´, indicaron que éste sostiene que todo se hizo de «forma legal y transparente, con el máximo respeto a la legalidad». De hecho, las misma fuentes indicaron que «José Antonio Alonso se retiraba de los negocios de sus socios en Cartagena para evitar problemas y acusaciones falsas». Por otro lado, los integrantes del colegio Miralmonte de Santa Ana ya declararon a este periódico en marzo de este año que el centro escolar ya está de desvinculado de la trama tras expulsar los propios cooperativistas por unanimidad en 2008 a los representantes de Púnica tras «ver algo oscuro». Afirmación que se contradice con los pagos efectuados al entramado de ´Púnica´, que se prolongaron dos años más, según el informe de la Agencia Tributaria. «Puede que se contratase el proyecto y la facturación del mismo durante cinco años, pero es algo que desconocemos. Lo que sí podemos afirmar es que no existe ninguna vinculación entre el centro y las empresas de la trama ´Púnica´, indicaron ayer fuentes del colegio consultadas por esta Redacción.
