La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a un total de 15 personas acusadas de falsedad documental y estafa por facilitar falsos contratos de trabajo a inmigrantes para que pudieran cobrar el paro, y que habrían defraudado unos 70.000 euros a la Seguridad Social, según una nota remitida por la Comisaría de la ciudad.
Las investigaciones comenzaron después de que la Inspección de Trabajo detectara en varias inspecciones a locales comerciales que había diferencias entre los datos que los responsables de esos negocios facilitaban in situ a los inspectores y los que constaban registrados en la base de datos de los organismos oficiales.
Tras un «exhaustivo proceso de investigación», los agentes policiales pudieron comprobar que un ciudadano de origen marroquí y residente en el barrio cartagenero de San Antón se dedicaba a vender contratos de trabajo a otros ciudadanos extranjeros para que más tarde pudieran cobrar prestaciones por desempleo o solicitar permisos de residencia.
Según las pesquisas policiales, este falso empresario cobraba a los trabajadores cantidades que en ocasiones llegaban a los 600 euros en función del tiempo que necesitaran estar dados de alta en la Seguridad Social.
La nota policial precisaba que este hombre gestionaba dos pequeños locales comerciales, uno de comestibles y otro de peluquería, donde llegó a tener dados de alta a 45 trabajadores, en su práctica totalidad de origen marroquí, y generó una deuda de 70.000 euros con la Seguridad Social.
Además de gestionar estos contratos, el detenido facilitaba también a los falsos trabajadores domicilios ficticios en el mismo barrio de Cartagena, ya que algunos de los trabajadores procedían de otras ciudades de la Región de Murcia, y también de otras provincias españolas como Alicante, Almería, Gerona y Baleares.
El modus operandi del ´cabecilla´ consistía en mantener una primera reunión con los supuestos trabajadores y tras ser captados, les exigía el pago de una cantidad de dinero en señal. Una vez aceptadas las condiciones pactadas, se mantenía un segundo encuentro donde les facilitaba, previo pago, la documentación de identidad, el contrato de trabajo, la documentación de la empresa y la acreditación de alta en la Seguridad Social.
Las investigaciones han sido llevadas a cabo por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cartagena en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Tras la actuación policial se han anulado los movimientos de alta en la Seguridad Social, así como las prestaciones y autorizaciones de residencia que se había solicitado.
