Befesa ha presentado alegaciones a la propuesta de cierre temporal de sus instalaciones ante la consejería de Medio Ambiente y ante la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), después de que el Servicio de Protección de la Guardia Civil (Seprona) denunciará que esta compañía había enterrado mil toneladas de residuos.

Befesa afirmó ayer un comunicado que «no hay motivo alguno para una medida tan extrema y desproporcionada como sería la clausura provisional» y añadió que «tanto la denuncia como la propuesta de cierre están totalmente infundadas». Desmintió que haya enterrado 4.000 barriles como afirmó el Seprona el 5 de junio y aseguró que dispone de las facturas, controles y documentos de cada residuo, incluidos estos bidones». Insistió en que la inspección sólo encontró tres bidones, «cuyo contenido resultó adecuado para almacenarlo en la instalación».

A su vez subrayó que «cuenta con todos los permisos y que proporciona a la Administración la documentación que acredita que cumple con la legislación» y dijo que «los estudios hechos por una empresa independiente muestran que, en el pasado y en la actualidad, no hay afectación y que los parámetros de calidad del aire están dentro de la normalidad». En sus alegaciones a la CHS dice «que nunca se han producido vertidos y aporta informes periciales».

En su escrito, la compañía recuerda que la inspección se hizo el 14 de noviembre de 2014, a raíz de una denuncia, «pero el comunicado de la Guardia Civil se difundió el 6 de junio, y aunque todos los datos indicaban que se acusaba a Befesa, se omitía el nombre» y que el juzgado «ni ha imputado ni ha recibido a ningún detenido desde entonces». Señaló que Medio Ambiente no ha tomado medidas, salvo la apertura del expediente ocho meses después y que «si hubiera un problema real de contaminación, no se habría tardado tanto tiempo en actuar». Advirtió de que el cierre tendría «consecuencias muy graves, ya que el 80% de los residuos peligrosos que se tratan en la planta procede de la Región, «residuos que serían gestionados por empresas no apropiadas y que conllevarían transportes contrarios al principio de proximidad y se pondrían en riesgo 40 empleos».