La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha pedido al Ayuntamiento que no recurra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anula la revisión del plan general de ordenación urbana (PGOU) de la ciudad, sino que elabore uno nuevo subsanando las deficiencias actuales.

La organización ha recordado que el TSJ ha anulado la aprobación definitiva del plan urbanístico, de diciembre de 2011, por las «graves deficiencias de fondo del documento que ordena los usos del suelo en el municipio de Cartagena», y obliga a «revisar en profundidad» el documento.

Para ANSE, esa sentencia «no debiera ser recurrida», tal y como ha anunciado que hará el consistorio, sino que el TSJ brinda así una «nueva oportunidad a todos los cartageneros para plantear un modelo territorial, un nuevo PGOU, que apueste por la sostenibilidad ambiental, económica y social».

La organización ha defendido que se elabore ese nuevo plan con «un mayor diálogo y participación a nivel político y ciudadano», y con «un mayor respeto y cumplimiento de las normas que protegen los recursos y derechos».

El plan anulado por el TSJ, ha subrayado la organización, «rebajó la protección del suelo en la ribera Sur del Mar Menor consolidando el desarrollo urbanístico de Novo Carthago, incluyó suelos urbanos en Cala Reona y bosque de Atamaría, no aportó información cartográfica fundamental sobre hábitats naturales, riesgos ambientales e infraestructura diversas, y no incluyó suelos protegidos fuera de los que estaba obligada por la normativa europea y autonómica».

Seguirán adelante

Por su parte, el Ayuntamiento emitió ayer un comunicado en el que reiteró que van a presentar un recurso contra la resolución del TSJ, según informó el concejal de Urbanismo, Francisco Espejo.

Y es que, el Consistorio entiende que la orden de la Consejería aprobó definitivamente el Plan a reserva de que se subsanasen algunas deficiencias que no consideró de relevancia, como permite le Ley del Suelo. El TSJ estima en su sentencia que no se debía haberse tramitado el plan con esta previsión legal porque, a su juicio, las deficiencias si eran de relevancia.

Ayuntamiento y Comunidad defienden que la Ley del Suelo se aplicó correctamente porque las deficiencias no eran de envergadura, como demuestra el hecho de que todas ellas estaban incorporadas al Plan cuando se elaboró el texto refundido, cuatro meses más tarde.