Desesperados, angustiados, indignados e indefensos. Así se sienten los familiares de los seis policías de la Comisaría de Cartagena encarcelados por la muerte del vecino de Las Seiscientas Diego Pérez hace más de un año y que se investiga en el caso cala Cortina.

Las familias de los agentes resaltan que durante todo el proceso la defensa ha solicitado multitud de diligencias que la juez y la Audiencia han ido negando una tras otra. «No entendemos cómo piensan que los abogados van a defender el caso, con una investigación previa deficiente, un informe forense chapucero y una instrucción poco imparcial», subrayan en un comunicado remitido a esta redacción.

Los parientes recuerdan que la Policía Judicial solicitó las cámaras de los túneles, pero no las del restaurante Mares Bravas, «que hubieran sido fundamentales, ya que se hubiera podido comprobar que los policías buscaron a Diego por la zona, como ellos declararon», subrayan. La defensa solicitó las grabaciones del restaurante, pero se las denegaron a hasta febrero de 2015, «cuando ya no podían aportar ninguna información de lo sucedido en marzo de 2014», dicen.

Asimismo, recuerdan que la Policía Judicial también solicitó una prueba de corrientes y tránsito del cadáver por el mar al Instituto Hidráulico de Cantabria. «Este informe, poco concluyente y con varias contradicciones, ni siquiera menciona la existencia de una escollera en la playa de cala Cortina a causa de la cual todo cuerpo u objeto arrojado no sería arrastrado mar adentro por no existir fuerzas de succión. El cadáver hubiera quedado en la playa, muy concurrida. Además, desde el aparcamiento se observa la playa en su totalidad y se hubiera podido ver un cadáver», mantienen las familias.

El comunicado de los familiares también señala que la Policía Judicial imputó delitos basados en las escuchas de los coches policiales a un agente que estaba de vacaciones en las fechas de dichas grabaciones. «También se ha dejado correr el bulo de que uno de ellos dio una paliza a un detenido, conocido en Comisaría como 'Rubén, El Sanguinario', pese a que no fue uno de los acusados. Queremos resaltar que los seis policías tienen un expediente impecable», añaden.

Por otro lado, señalan los familiares que el volcado de datos del teléfono de la víctima para observar si hubo algún movimiento posterior a la intervención de los agentes, a pesar de que la consideran una prueba importantísima para el esclarecimiento del caso, no se solicitó en la investigación y no se aprobó la diligencia solicitada por la defensa hasta mayo de 2015.

Las familias se quejan de que se deniegan las grabaciones de las cámaras de Comisaría del día 11 de marzo -el día que supuestamente desapareció la víctima- donde creen que se hubiera podido apreciar el estado de naturalidad con el que llegaban los acusados a la central y si en sus uniformes se hallaban manchas o huellas de arena de playa o humedad. «También podría observarse si todos los coches policiales llegaban con las luces del puente encendidas, ya que acusan a los seis agentes de querer pasar desapercibidos por llevarlas apagadas», apuntan.

Asimismo, les indigna que se denieguen los datos de los libros de seguimiento de los coches policiales, donde los agentes registran deficiencias en los mismos, tales como que las luces del puente están averiadas. Dos de los agentes aseguran que las de su vehículo lo estaban, comentan.

También reprochan que denieguen la petición de información a escuelas de buceo de la zona sobre los cursos que pudieran realizarse entre el 11 y el 25 de marzo en la playa de cala Cortina. «Se hubiera podido demostrar que allí no había ningún cadáver. La juez alega que en cala Cortina no existen escuelas de buceo y poco podrían aportar sobre cuál podría ser la visibilidad del agua, cuando es conocido que las escuelas de buceo están en el puerto de Cartagena y realizan inmersiones en cala Cortina y que en los diarios de buceo uno de los datos aportados es la visibilidad (en metros) del agua», señalan.

Los familiares también apuntan que se deniega la exhumación del cadáver, «pese a haber serias contradicciones en los informes forenses del Instituto de Medicina Legal, lo cual es fundamental para averiguar cuál fue la verdadera causa de la muerte de Diego».

Por último, le indigna que se se deniegue la petición de que se conozca la identidad del testigo protegido, «clave en la acusación, eliminando así la posibilidad de ser interrogado por la defensa», agregan.