Perseguido y calumniado. Así se siente el funcionario del Estado Fernando Urriticoechea a quien el ayuntamiento de Cartagena descartó para ocupar el puesto de interventor municipal, a pesar de que fue la única persona que se presentó para ocupar la plaza. Y así lo manifestó a la juez de jugado de instrucción 4 de la ciudad portuaria, ante la que compareció ayer como testigo en relación con la querella que presentó el concejal de Movimiento Ciudadano, José López, contra la Junta de Gobierno Local «por los presuntos delitos de prevaricación y prevaricación continuada por denegar el puesto a un funcionario que cumple los requisitos y por el mantenimiento de personas designadas a dedo en los puestos más importantes de la administración local», señala la formación política en un comunicado.
Urriticoechea, que recurrió la decisión por vía administrativa sin éxito, aplaude la iniciativa de López de llevar este asunto a los tribunales, «porque no defiende unos intereses personales, sino los de los ciudadanos, porque no cuentan con un auditor interno que controle el uso que se hace de su dinero».
El funcionario, que actualmente trabaja en Orihuela, considera que los argumentos del Gobierno local para rechazarlo han sido desacreditarlo por su labor en el ayuntamiento de Castro Urdiales que nada tienen que ver con Cartagena. «En este país existe una gran falta de amparo hacia las personas que denuncian la corrupción, a las que se persigue más que a los propios corruptos y la UE así lo ha evidenciado», señaló.
Informes negativos
Desde el Ayuntamiento sostienen que no hubo ninguna irregularidad al dejar desierta la plaza, porque, si bien es cierto que cumplía los requisitos técnicos para ocuparla, pero no se le consideraba una persona idónea para el puesto, una posibilidad que se incluían en el concurso y a la que se recurrió, debido a que había informes sobre problemas laborales que el candidato había tenido en otros destinos. Destacan que «el proceso fue perfecto».
El concurso para cubrir la plaza de interventor, que está ocupada de forma interina desde hace trece años, no se convocó antes porque la ley que obliga a hacerlo es reciente.
