Tapiadas. Así quedaron ayer las puertas y ventanas del colegio Antonio Arévalo para evitar que los okupas volvieran a acceder al interior del inmueble. Así se daban por finalizados los trámites administrativos iniciados el pasado mes de noviembre por la consejería de Educación, tras el cuarto incendio provocado en las instalaciones en apenas un año.

Fue a primera hora de la mañana, cuando los operarios contratados por Educación accedieron al recinto para realizar las obras, acompañados de agentes de la Policía Local, que velaron por que los desalojados no volvieran a entrar en el colegio antes de proceder al tapiado de las puertas y ventanas.

Así, tal y como publicó ayer LA OPINIÓN, la consejería de Educación ha decidido cortar por lo sano para impedir una nueva ocupación del ala de Infantil de las instalaciones, que se encuentra abandonada y anexa al inmueble que ahora acoge el Centro Público de Educación de Personas Adultas.

Se ha tratado de una acción conjunta entre las consejerías de Educación y Economía, que es la competente en casos de Patrimonio como este y la que fijó una fecha concreta para llevar a cabo los trabajos de tapiado. Una actuación que requirió la simultaneidad de las acciones entre los operarios y los agentes municipales, ya que «era imprescindible llevar a cabo ambas acciones de forma simultánea para impedir que, una vez desalojados por efectivos policiales, los okupas volvieran a entrar y pongan en riesgo las obras para tapiar las entradas», señalaron fuentes autonómicas.

Se cerraba así un proceso que inició la propia consejería de Economía el pasado mes de noviembre con una resolución que indicaba que la finalidad del expediente era llevar a cabo las gestiones oportunas para lograr que «las personas desconocidas» que se habían alojado en el inmueble lo abandonasen.

A pesar de que la consejería de Economía publicó en el Boletín Oficial de la Región esta resolución y de que varios de sus técnicos se personaron directamente en el inmueble para explicar a los ocupantes que debían desalojarlo en un plazo máximo de cinco días, hasta el momento continúan viviendo allí.

La directora del centro de personas adultas, Juana María Mercader, también había denunciado a la Consejería la presencia de los okupas en el inmueble.