El curso jurídico acaba de comenzar, las salas del Palacio de Justicia vuelven a estar repletas de expedientes a la espera de ser vistos para sentencia. En mitad de todo este arranque llega la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Gallardón, tras ver éste cómo el Gobierno frenaba su futuro proyecto de Ley del Aborto.

Durante su mandato, Gallardón ha establecido leyes como la Ley de Planta, que tiene previsto dar luz verde a la supresión de órganos judiciales en aquellas ciudades como Cartagena que no son capitales de provincia. Pese a todo, Antonio Navarro se muestra optimista al respecto y asegura que «todo parece indicar que Cartagena conservará sus juzgados». Una buena prueba de ello es el Máster de Acceso a la Abogacía que la UCAM implantará este año, por segunda vez, en el Colegio de Abogados de la ciudad portuaria.

Recientemente ha sido modificada la legislación y todos aquellos que quieran ejercer como letrados tendrán que realizar este postgrado. ¿Cómo está siendo la acogida del título?

El curso pasado ya tuvimos a quince alumnos matriculados y este año el período de matriculación ha estado abierto hasta principios de octubre. La profesión ha dado un paso adelante con este título de la UCAM.

Ese paso adelante también repercute en el alumno. ¿El Máster es una buena forma de acceder al mercado laboral?

Es una de las mejores formas de acceder al mundo de la abogacía porque el Máster, al tener prácticas, sirve para que los despachos de Cartagena conozcan a los alumnos. De hecho, más de la mitad de los estudiantes del curso pasado trabajan ahora para algún bufete o han creado el suyo.

Este curso se ofertaba antes a través de la Escuela de Práctica Jurídica. ¿Qué nuevas ventajas hay para los estudiantes?

La más importante es que da acceso al doctorado y que, al estar avalado por la UCAM, el currículum del alumno se enriquece. Pese a ser una universidad privada, su precio, 2.800 euros, está por debajo de muchos otros títulos públicos de postgrado. Además, la Escuela de Práctica Jurídica continúa, junto con la UNED, con la formación continua de los letrados en activo ofertando más de una quincena de cursos al año.

Hablando de dinero, ¿Cómo están afectando las tasas judiciales a la abogacía?

Hemos visto cómo los litigios se han reducido en un 25% por estas tasas que consideramos injustas para los ciudadanos. En ocasiones, hay que pagar más de mil euros para presentar una alegación y esto hace que los ciudadanos no quieran ir a juicio porque no les sale rentable. Así que los grandes beneficiados son las compañías como los bancos o aseguradoras. Además, nos sentimos engañados porque se prometió que se iba mejorar el servicio y es todo lo contrario, lo que se pretende es bajar calidad y eliminar juzgados.

Pese a la Ley de Acceso a Justicia Gratuita, ¿cree que se ha privatizado la Justicia?

La nueva Ley ha hecho que quepa menos gente dentro de la justicia gratuita. Y, aunque suene duro decirlo, en cierta medida sí que se ha privatizado la Justicia, aunque no es exactamente una privatización, sí que se están utilizando mecanismos propios de entidades privadas.

¿Qué opina de la dimisión de Alberto Gallardón como ministro de Justicia?

Como letrado en ejercicio considero que su dimisión es muy positiva porque ha sido el peor ministro de Justicia de la historia de la democracia española. El problema es que las leyes que ha establecido durante su mandato siguen en vigor pese a su dimisión.

Se define como apolítico en su perfil de redes sociales. Sin embargo, la política le afecta directamente porque la Ley de Planta del ex-ministro Gallardón pone en peligro la continuidad de los juzgados en Cartagena. ¿Qué va a pasar con todo esto?

Estamos preocupados por lo que pueda pasar. Pese a todo, estamos tranquilos porque todo parece indicar que los juzgados de Cartagena se van a conservar. Sin embargo, habrá que luchar para que no desaparezcan las salas de lo Contencioso Administrativo y la sección quinta de la Audiencia Provincial.

¿A quién afectaría este hipotético traslado de los juzgados?

Los principales afectados son los ciudadanos, que tendrían que desplazarse hasta Murcia para cualquier asunto judicial.