Una intervención de urgencia inmediata en el monasterio de San Ginés de la Jara, en su jardín y en las ermitas cercanas a cargo de la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia, independientemente de las reclamaciones que se hagan a los verdaderos y últimos responsables de la situación actual del Bien de Interés Cultural (BIC). Ésta es la principal petición que la Asociación para la Defensa del Patrimonio (ADEPA) y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) han dirigido al Gobierno regional en una carta.

El texto afirma que la situación del monasterio es insostenible y afirman que se debería sancionar a los responsables de su mantenimiento, ya que su actuación es deficiente, viendo el estado en el que se encuentra actualmente el monumento. Una sanción que compete fijar a la Dirección General de Bienes Culturales que, «en virtud de las competencias que le otorga la Ley 4/2007 de patrimonio histórico de la Región de Murcia y de lo previsto en los artículos 71 a 76, debe ser la que instruya un expediente sancionador por incumplimiento del deber de conservación del BIC 'San Ginés de la Jara' en su conjunto en el que se establezca una serie de aspectos», dice la carta de ambas asociaciones.

Entre estos puntos, los dos colectivos establecen que se conozca el grado de deterioro actual del BIC y las razones del mismo; las necesidades de intervención en el BIC en todos sus aspectos: arqueológicos, edificatorios, paisaje natural y cultural etc.; la idoneidad y eficacia de las medidas que se han tomado hasta el momento para paralizar la ruina del BIC por parte de las distintas administraciones implicadas; y la responsabilidad de los propietarios de las distintas partes del BIC en el avanzado estado de deterioro del mismo.

Asimismo, las dos organizaciones consideran por otra parte que tanto el ayuntamiento de Cartagena como la Comunidad Autónoma «deberían de iniciar los trámites para la anulación de la recalificación de suelos en San Ginés de La Jara, dado su elevado impacto ambiental y paisajístico en el entorno del Mar Menor, así como en el patrimonio histórico, teniendo en cuenta las consecuencias económicas y sociales producidas en los últimos años por la grave crisis del sector inmobiliario, con efectos catastróficos sobre la entidad bancaria que impulsaba el proyecto de Novo Carthago (CAM como socio y financiadora de HANSA), e independiente de la forma en que se resuelva el procedimiento judicial sobre prevaricación administrativa tramitado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia», que está en curso.