Suanzes no quiere que la jornada de 37,5 horas de los funcionarios dispare el consumo energético

MARÍA JESÚS GALINDO Seis meses después de que el Gobierno de Rajoy aprobase el Real Decreto que amplía la jornada semanal de los funcionarios de la Administración a 37,5 horas para que el cómputo anual sea de 1.647 horas, la concejala de Hacienda se sienta hoy con los sindicatos municipales para intentar llegar a un acuerdo sobre cómo se van a distribuir los distintos servicios para cumplir esta norma que afecta también a los empleados del Ayuntamiento y que entró en vigor el 1 de julio, tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

«Mi objetivo es buscar el equilibrio entre el ahorro energético y dar las mayores facilidades posibles a los trabajadores para que cumplan con su jornada», aseguró Suanzes, quien avanzó que durante el mes de agosto «será difícil aplicar la jornada de 37,5 horas porque el 70% de la plantilla municipal está de vacaciones y gran parte de las instalaciones cerrarán por las tardes. A partir de septiembre sí se podrá llevar a cabo y el personal tendrá que recuperar las horas pendientes desde el 1 de julio».

Suanzes insistió en que con esta medida el Gobierno quiere reducir el coste en contratación de personal laboral, funcionarios e interinos, así como rebajar el gasto en horas extra. En este sentido, señaló que desde principios de este año «las horas extra de los trabajadores no se están pagando, ya que se compensan con días libres. Sólo en mi departamento, la plantilla ha echado desde julio de 2011 hasta ahora unas mil horas extra debido a que en un año hemos tenido que presentar los presupuestos municipales de 2011 y 2012, así como los dos planes ICO de pago a los proveedores».

Asimismo, hizo hincapié en que «se ha reducido el número de forma considerable las necesidades de trabajo fuera de la jornada laboral» y adelantó que la de hoy «es una primera toma de contacto, pero me sentaré a negociar las veces que sea necesario hasta llegar a un acuerdo con los sindicatos».