La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, quiere tener un absoluto control del gasto corriente del Ayuntamiento. Tal es así, que en la última Junta Local de Gobierno, se aprobó un nuevo decreto propuesto por Barreiro de delegación de competencias de los concejales delegados del área y del resto de ediles que sustituye al anterior del 14 de junio de 2011 y que supone un control aún más riguroso del gasto, señaló ayer un portavoz de la Alcaldía.

En líneas generales, ambos son muy similares, ya que establecen que sólo los concejales del área, es decir, Joaquín Segado, Nicolás Ángel Bernal, Rosario Montero, Antonio Calderón, Francisco Espejo, Fátima Suanzes y Antonio García, están autorizados para firmar facturas por un importe máximo de 6.000 euros. La única condición es que todos tienen la obligación de derivar estos documentos a la edil de Hacienda, Fátima Suanzes, para que ésta los supervise y dé su visto bueno.

El equipo de Gobierno cuenta con 16 concejales, pero sólo los siete anteriormente citados tienen autorización para firmar facturas, cuyo importe no puede rebasar los 6.000 euros. De este modo, la alcaldesa reduce la capacidad de gasto a un número menor de ediles, con lo que al mismo tiempo se intenta reducir al máximo el margen de error y controlar aún más el destino de cada euro del herario público.

Esta limitación de la capacidad del gasto de los ediles se recogía hasta ahora en la documentación que acompañaba a la base de ejecución de los presupuestos municipales. Sin embargo, con la entrada en funcionamiento de medidas económicas del Gobierno de la Nación para corregir el déficit público «se ha valorado la conveniencia de redefinir la delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local. «La finalidad de esta propuesta de la alcaldesa es conseguir una mayor eficiencia en las decisiones de los miembros de su Corporación, señala el decreto aprobado por la Junta el pasado 4 de abril y publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el pasado 7 de abril.

Las citadas facturas pueden tener un importe inferior o igual a 6.000 euros con IVA incluido. El decreto especifica la cantidad económica, pero no el número de facturas que pueda rubricar cada uno de los siete ediles de área del Gobierno de Pilar Barreiro.

«El decreto estable condiciones similares a las que había, pero es más restrictivo, con el fin de limitar al máximo la capacidad de gasto a menos ediles», indicaron.