Defensa ha iniciado el expediente de recuperación de las propiedades que posee en la Algameca Chica, lo que significa que el Ministerio quiere derribar las más de 110 viviendas ilegales que existen en esta zona. La Asesoría Jurídica de la Armada publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado el anuncio del Ministerio para iniciar el procedimiento que afecta a los siguientes inmuebles: Castillo de Galeras y terrenos, depósitos de petróleo de Galeras y batería Algameca y camino de acceso.

En el mismo anuncio, Defensa dice que perdió esta posesión «de forma indebida a causa de las construcciones existentes en las márgenes del cauce de la rambla de Benipila». El presidente vecinal de la Algameca Chica, José Manuel de Haro Martínez, confirmó que estas casas son ilegales y que los vecinos no pagan ningún tipo de impuestos al ayuntamiento de Cartagena. «Durante el año, vivimos en el poblado entre 15 y 20 familias, aunque en verano somos más de cien. Además, tenemos fondeados entre 60 y 70 barcos», dijo.

Al parecer, según indicó De Haro, la decisión de Defensa se produce a raíz de que el pasado agosto, el Ayuntamiento denunciase a la Armada a causa de algunas de estas viviendas. «Un perro se cayó a un pozo. Intervinieron los Bomberos, la Policía Local y la Guardia Civil y justo después, Urbanismo denunció a varias viviendas construidas bajo una cantera en la linde de los militares y exigió al Ministerio, como propietario del suelo, que las derribara en 48 horas. Capitanía mandó llamar a los dueños de las casas para que firmasen un documento confirmando que vivían en ellas y que no querían dejarlas».

Defensa notificó a la asociación de vecinos que quería recuperar su propiedad a finales del pasado año. «El asesor jurídico de la Armada nos explicó que afectaba a toda la zona, desde el puente de Navantia hacia adentro. La Federación nos acompañó para informarle de que iban a solicitar a Cultura que declare Bien de Interés Cultural el poblado de la Algameca, con el fin de impedir el derribo de las casas», explicó De Haro, quien convocará una asamblea para informar a los afectados. El Ministerio da 15 días a los interesados para que aporten sus títulos de propiedad y hagan alegaciones si lo desean. «El Ministerio quiere derribar las casas para evitarse problemas, pero no porque tengan previsto hacer nada en esta zona», añadió De Haro.

La Federación Vecinal tiene previsto llevar a cabo una campaña para salvar el poblado, que incluye exposiciones sobre su historia. El portavoz del equipo de Gobierno, Francisco Espejo, dijo que «estos vecinos viven al margen de la ley y, en cualquier caso, las competencias son de Costas, la Confederación Hidrográfica y de Defensa».