JESÚS VIARTOLA
La actitud que mantiene el imán de la comunidad islámica del casco antiguo de Cartagena respecto a las prostitutas que ejercen su actividad en las calles Beatas y Cristóbal la Larga, cerca de la mezquita, es, cuanto menos, "peligrosa", porque puede provocar situaciones violentas en la zona que perjudiquen a todos. Esta es la opinión del coordinador del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo de la Región (CATS), Nacho Pardo, quien instó a sentar en una misma mesa a todas las partes implicadas en el conflicto, Ayuntamiento incluido, para lograr una solución.
La comunidad islámica del casco y los vecinos han declarado la guerra a las prostitutas que ejercen su actividad en la calle porque, en su opinión, degradan el ambiente de la zona, donde además hay un colegio, el Patronato, y transitan muchos niños por las calles en las que trabajan las mujeres. Por su parte, las prostitutas aseguran que son discretas al desarrollar su actividad y que no molestan a nadie.
El coordinador del CATS explicó que la asociación conoce la situación de Cartagena desde hace más de un año y que incluso pidió la mediación de autoridades islámicas de Murcia en el conflicto, "pero ni siquiera de esa manera ha sido posible por la negativa al diálogo que mantiene el imán". Además, la beligerancia del clérigo musulmán respecto a las prostitutas "es única" en toda la Región de Murcia. "No he visto nada similar en los ocho años en los que lleva trabajando el CATS", añadió Pardo.
Por su parte, la Delegación del Gobierno quiso zanjar "el falso debate competencial" establecido con el Ayuntamiento al recordar que "los problemas e inconvenientes que la prostitución callejera pueda acarrear debe ser abordados desde el punto de vista de gobierno de las ciudades, de la convivencia vecinal, de la paz, tranquilidad y sosiego de los ciudadanos, y todo ello entra en lo que la Ley de Bases de Régimen Local llama 'seguridad pública'. Es decir, es competencia municipal". "Estas competencias en materia de seguridad de los ayuntamientos obliga a dictar las normas destinados a regular el ejercicio de la citada actividad", añade un comunicado de la Delegación, que ratifica su voluntad de colaboración con el Ayuntamiento "tratando el tema en la Junta Local de Seguridad, cuya convocatoria corresponde a la alcaldesa de la ciudad".