JESÚS VIARTOLA
Los trabajadores que padezcan enfermedades relacionadas con la exposición al amianto (140 en toda la Región y en su mayoría ex empleados de Bazán -actual Navantia-) según el censo de CC OO, podrán acceder a ayudas procedentes de fondos estadounidenses formados con el capital de empresas que exportaban este material a todo el mundo.
Un acuerdo suscrito entre CC OO y el prestigioso bufete de abogados Irwin Mitchell, que tiene cuarenta años de experiencia en litigios por enfermedades profesionales como la del amianto en países como Inglaterra y Estados Unidos, permitirá a los enfermos acceder a una asistencia jurídica que incluye, además de la posibilidad de acceso a los fondos de compensación norteamericanos, la presentación de demandas para reclamar responsabilidad civil y, en caso de existir, exigir responsabilidades penales a las empresas que hayan vulnerado de forma sistemática las normas de seguridad y salud laboral en esta materia, además de ofrecer un seguro jurídico a los afectados para los casos en los que no se ganen los juicios.
El socio director de Irwin Mitchell, José María de Lorenzo, que estuvo ayer en Cartagena para dar a conocer esta cartera de servicios a los afectados, explicó que en Estados Unidos existen unos fondos o 'ayudas' establecidos gracias a la presión jurisprudencial que han sido creados con el patrimonio de las empresas que exportaban amianto a todo el mundo, España incluida. "Las cantidades que se pueden obtener varían dependiendo de los parámetros que se utilizan, pero nosotros vamos 'rascando' aquí y allá y conseguimos compensaciones para los afectados", explicó.
Por su parte, José María Antuña, responsable de seguridad laboral de la Federación Estatal de CC OO, señaló que en la actualidad, las enfermedades por amianto afectan a unas 140.000 personas en toda España "y los cálculos de la UE establecen que en 2030, entre 40.000 y 60.000 morirán". Por ello, el sindicato viene reclamando a las Administraciones públicas que se impliquen más en la solución de este problema ya que la mayoría de los casos no están reconocidos como enfermedad profesional, debido sobre todo a la dificultad de la prueba, en muchos casos por la opacidad de las empresas y porque hay médicos que se niegan a declarar contra grandes compañías.
Mientras, José Campillo, responsable de salud laboral de la Federación de Industria de CC OO en Murcia recordó que los 140 casos censados "no son los únicos" y recordó que ya han fallecido cuatro y cinco personas sin derecho a prestación por enfermedad laboral.