Blog 
Raíces y alas
RSS - Blog de ANTONIO BALSALOBRE MARTÍNEZ

El autor

Blog Raíces y alas - ANTONIO BALSALOBRE MARTÍNEZ

ANTONIO BALSALOBRE MARTÍNEZ

Miembro del Colectivo de Estudios Locales Trascieza, perteneciente al Club Atalaya-Ateneo de la Villa de Cieza, colabora activamente en las publicaciones que edita esta asociación. Participa, además, en el periódico digital LAtalaya. "Columnista de la La Opinión de Murcia”.

Sobre este blog de Murcia

Este blog se ocupa principalmente de temas de actualidad. Sin embargo, haciendo buena la máxima de que nada humano nos es ajeno, hablaremos un poco de todo: de lo humano, de lo divino, de nuestro entorno más cercano, de tierras lejanas, de hechos que se pierden en el tiempo, de nosotros, de los demá...


Archivo

  • 04
    Septiembre
    2013

    Comenta

    Comparte

    Twitea

    SOCIEDAD

    Acusados

    No hace tanto, el término “imputado”, en política, producía escalofrío. Suponía, de hecho, la dimisión, expulsión, o al menos la puesta en cuarentena, del político o alto cargo afectado. Producía, decíamos. Porque con el “boom” inmobiliario y la proliferación de casos de corrupción en España, las imputaciones se han generalizado de tal modo que han terminado por banalizarse. Por lo menos, para algunos. Las primeras reacciones, las primeras declaraciones, suelen ser, eso sí, contundentes. Luego vienen los “peros”, las matizaciones, cuando no las complicidades.

    Uno de los primeros políticos en dimitir en democracia por estar imputado fue Demetrio Madrid, presidente en aquel momento de la Junta de Castilla y León. Su fustigador resultó ser Aznar, que lo llevó ante los tribunales. Luego fue absuelto por la justicia, pero por entonces el que siete años después llegaría a convertirse en presidente del gobierno ya cabalgaba a lomos del poder autonómico. Eran otros tiempos. Los tiempos en que gobernaba Felipe González y el PP se erigía en azote de corruptos. Lo cierto es que los últimos años del “felipismo” fueron especialmente turbulentos: entre Filesas y Roldanes, el PSOE zozobraba en aguas revueltas, incapaz de atajar la corrupción que lo lastraba. Basta hacer un poco de memoria para recordar la beligerancia con que actuaba entonces la derecha. Y puede que no le faltara razón.

    Ahora han cambiado las tornas y quien más salpicado está por la corrupción es quien más decía combatirla. Decía, porque como últimamente se puede comprobar, mientras denunciaba por un lado a su adversario, por otro incurría en presuntas prácticas de financiación ilegal o reparto de sobresueldos en negro a la cúpula del partido. Lo malo en política es que las convicciones son para algunos como ciertas prendas de vestir: reversibles. Los populares pasaron de pedir responsabilidades políticas antes incluso de que se pronunciaran los tribunales a defender que había que esperar que sentenciara la justicia antes de tomar cualquier medida cautelar. Y ahora, cuando hay sentencia, a esperar que sea firme. Es decir, que todo cambia en función del color con que se mira. Algo que, todo hay que decirlo, no es exclusivo de esta formación.

    Así las cosas, si la imputación en sí ha dejado de producir espasmo, no debería dejarnos indiferentes la forma en que prolifera. En la región, sin ir más lejos, si los cálculos no fallan, hay abiertas, al día de hoy, 40 causas judiciales por presunta corrupción. Diligencias que afectan a políticos que ocupan cargos importantes. Entre ellos, Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia, o Antonio Cerdá, consejero de Agricultura.

    El problema radica, y no es fácil de resolver, en si debe o no dimitir un político cuando está imputado. Rita Barberá, que puede estarlo en los próximos días, ha dado a entender que no dejará la alcaldía. Se supone que un juez no imputa gratuitamente, y eso debería bastar. Pero también resulta comprensible que el encausado reclame su derecho a la presunción de inocencia. Con una justicia rápida y eficaz, el político debería abandonar su cargo de manera temporal para afrontar su situación judicial. Con una justicia lenta, resulta complicado ciertamente restituir el honor de quien finalmente queda absuelto. Además, ya se sabe que en política quien se fue a Melilla perdió su silla.

    En cualquier caso, lo que no vale es aplicar raseros distintos según convenga. Quizá sea mucho pedir, pero se debería consensuar un protocolo de actuaciones que pusiera un poco de orden en este desbarajuste político-judicial. Esto le daría una cierta coherencia y dignidad a la vida política. Ni de una ni de otra andamos sobrados.

     

    Compartir en Twitter
    Compartir en Facebook