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MIGUEL GALINDO SANCHEZ

Miembro de la Asociación Hispanoamericana de las Letras (Hispadel). Promotor de talleres de escritura creativa. Corrector ortográfico y de estilo. Columnista de La Opinión desde hace 30 años, tiene publicados tres libros temáticos: Desde El Mirador, Opinan(dos) y Crónicas del Vivir, siendo coautor d...

Sobre este blog de Sociedad

Sobre todo lo divino y humano. La temática abierta es la clave de los artículos que se vierten aquí. Toda mi participación en el periódico La Opinión, queda reflejada en este blog, aparte mi web personal www.elescribidor.net


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  • 10
    Junio
    2014

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    INDECENCIA

     La anunciada reforma de la justicia en España es la gran injusticia de un pésimo ministro de justicia. El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, Los Tribunales Superiores, Asociaciones de Jueces y Fiscales y Colegios Profesionales, todos, están en contra de ello.

    La nueva Ley del Poder Judicial persigue eliminar 55 audiencias provinciales, 431 partidos judiciales y 7.683 juzgados de paz, poniendo fin a la justicia de proximidad. Todo pasaría a 54 nuevos tribunales de instancia, que se convertirían en macroalmacenes o aparcaderos de asuntos judiciales. Antioperativos e inoperantes. Una auténtica burrada. Un vergonzoso esperpento.

    Pero también supone el fin de la justicia universal, una ignominiosa mordaza sobre las causas en instrucción, el fin de las competencias de los jueces en detrimento a favor de los fiscales, la suspensión por el instructor de los grandes casos de corrupción, etc., etc., etc.

    Incluso la propia Unión Progresista de Fiscales, a los que aparentemente beneficia esta reforma, se muestra contraria a ella, y denuncian la "improvisación, falta de voluntad y ganas de perpetuar errores conceptuales que hacen regresión del sistema de instrucción judicial".

    Todo esto, en un modelo en el que España ya está de por sí muy por debajo de la media de jueces por habitantes de su entorno: 20 por cada 100.000 habitantes en la Unión Europea, y 11 en este jodido y desgraciado país nuestro. O sea, que nos van a poner mucho peor de lo que ya estamos...

    La Asociación de Jueces para la Democracia declara que esta regulación "introduce elementos de cambio que suponen una vulneración del derecho y de la seguridad jurídica, en función de espurios intereses"... Más claro, el agua.

     

     

     

     

     

     

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