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MIGUEL GALINDO SANCHEZ

Miembro de la Asociación Hispanoamericana de las Letras (Hispadel). Promotor de talleres de escritura creativa. Corrector ortográfico y de estilo. Columnista de La Opinión desde hace 30 años, tiene publicados tres libros temáticos: Desde El Mirador, Opinan(dos) y Crónicas del Vivir, siendo coautor d...

Sobre este blog de Sociedad

Sobre todo lo divino y humano. La temática abierta es la clave de los artículos que se vierten aquí. Toda mi participación en el periódico La Opinión, queda reflejada en este blog, aparte mi web personal www.elescribidor.net


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  • 06
    Agosto
    2014

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    COSA DE TONTOS

     Esto parece cosa de tontos. Los obispos son los que contratan (a dedo) y despiden (arbitrariamente) a los profesores de religión, aquí, en España. Pero si entra en conflicto con la legislación establecida, entonces apelan a que esa cuestión es asunto administrativo exclusivo de la Iglesia. Y si son condenados a indemnizar, el que indemiza es el estado español, no ellos. Con toda la caradura de su "venerable" mundo.

    ..¿Y eso?.. Pues muy sencillo, porque es el estado español el contratante legal de sus "a dedo" episcopales, y, por lo tanto, quién también les paga el sueldo, y por otro tanto, también quien delinque y paga las sanciones.

    Así que, enterense, somos los ciudadanos los que sostenemos la educación religiosa de un estado laico y aconfesional según la Carta Magna. Igualmente corre de nuestro bolsillo su resarcimiento económico cuando le pegan la santa patada por no observar su fundamentalismo religioso. Por la fuerza. Sí o sí...

    Para mayor inri, reza la Constitución que en España ningún ciudadano puede ser agraviado por motivo de raza, fé, confesión o creencia, etc., etc... pero un ulema católico sí que puede agraviar social, laboral y económicamente por ese mismo motivo de fé, ideología o creencia... Pero es que, encima, es el propio estado quién les paga sus fechorías. Cojonudo.

    Hay un caso que es para partirse el culo. Resu Galera, profe de reli, se casa con un divorciado por lo civil, claro, y el fanático mitrado de turno la pone en la calle a lo cerril, pasándose por la casulla los derechos de los trabajadores y las leyes vigentes al respecto. Debe ser la moral católica que enseñan en sus clases.

    Empiezan las denuncias y apelaciones. Desde el Tribunal Superior de Justicia hasta el propio Tribunal Constitucional le dan la razón a la profesora, como no podía ser de otra manera. El obispote contesta que todo eso se lo pasa por su corán particular y que le den morcilla a la torda. Tras trece años riéndose de ella, ést a apela al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y, naturalmente, ordena una indeminización de cágate lorito, por burros tonsurados.

    Y el obisperío retorciéndose las tripas a carcajadas, porque su terquedad irracional la tiene que pagar los tontos del Estado Español - osea, todos nosotros -. Inclusive las sanciones impuestas por los mismísimos tribunales de justicia del propio estado español. Pá mear(se) agua bendita.. y no echar ni gota.

    Todo este espanto de idiotez y cretinismo, gracias a los acuerdos con la Santa Sede firmados en 1.979. El ya tristemente famoso Concordato... Si esto no es hacer el tonto, que venga su diós con toda la corte celestial y lo vea. Por eso el suyo cada vez es menos el mío. Creo que ya va siendo hora en este país de que cada perrico se lama su exactamente eso, que cada palo aguante su propia vela, y que cada asno sea responsable de sus propias asnadas.

     

     

     

     

     

     

     

     

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