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Alfonso Ros Campos

Cartagenero, de la cosecha del 63, funcionario en la Universidad de Murcia y sindicalista.

Sobre este blog de Sociedad

La actualidad de nuestra Administración y la cruda realidad en la que desarrollamos nuestro trabajo las Empleadas y Empleados Públicos, desde un punto de vista irónico, malintencionado y totalmente subjetivo


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  • 28
    Octubre
    2012

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    EL AUMENTO DE JORNADA

    Nuestra Administración, haciendo un alarde de ingenio, capacidad de improvisación y amplio conocimiento del funcionamiento de los Servicios Públicos, ha tomado una serie de medidas encaminadas a reducir el gasto y optimizar recursos en materia de personal que merecerían, como mínimo, un abucheo generalizado por parte de la ciudadanía y un despido fulminante de algunos de los asesores o asesoras consultados.

    Una de las medidas más imaginativas ha sido el aumento de la jornada laboral de los empleados/as públicos a 37,5 horas, dejando sin efecto los pactos y acuerdos que fijaban esta jornada semanal en 35 horas y sin el consiguiente aumento proporcional de las retribuciones.

    Pero, ¿qué se ahorra haciendo que los funcionarios y funcionarias trabajen más, si cobran lo mismo? El razonamiento que realizan es el siguiente:

    • Si en una determinado servicio tenemos 100 trabajadores/as, entre personal fijo e interino, que realizan una jornada de 35 horas, tenemos una “potencialidad horaria” de 3.500 horas semanales.
    • Al aumentar la jornada a 37,5 horas semanales (dos horas y media más a cada trabajador/a), nos resultaría una potencialidad horaria semanal de 3.750 horas.
    • Para mantener la potencialidad horaria, ahora sobrarían 250 horas semanales que, a razón de 35 horas por funcionario/a, permite despedir, como mínimo, a SIETE interinos/as, con el consiguiente ahorro en salarios.

    El razonamiento parece simple ¿no? Pero, desgraciadamente, no lo es, y provoca “fallos de sistema” y disfunciones en el servicio. Es un razonamiento de Perogrullo:

    Si anteriormente teníamos a cinco conserjes para abrir y controlar el acceso de cinco edificios y despedimos a dos interinos/as, se quedan dos edificios sin abrir, aunque los otros tres estén abiertos más horas.

    Si despedimos a “X” profesores/as, tendremos ”X” aulas sin atender (un mismo profesor o profesora, no puede atender dos aulas de manera simultánea), lo mismo que si despedimos interinos o interinas médicos, policías, bomberos o administrativos. Por mucho que estén más horas en su puesto de trabajo, es imposible estar en dos sitios al mismo tiempo, con lo que, aunque se mantenga la “potencialidad horaria”, repercute de manera negativa en el servicio prestado.

    Es una medida de lo más inteligente, y más si tenemos en cuenta que un interino/a que cobraba del Erario Público por realizar unas funciones, al ser despedido/a, pasa a engrosar las listas del Paro y cobrar también de los Fondos Públicos, pero ahora, sin poder prestar el servicio por el que estaba contratado/a.

    Pero la cosa va más lejos todavía: Recordemos que varias Administraciones, entre otras, la UMU, la UPCT y muchas Consejerías de la CARM, decidieron en su momento y como medida de ahorro dentro de sus planes de austeridad, cerrar edificios en horario de tarde y periodos vacacionales o de menor carga de trabajo. Esta medida, que supone un ahorro real y tangible de luz, agua, calefacción, refrigeración, limpieza, etc., tras la aplicación de la nueva jornada laboral, deberá revisarse y en muchos casos desecharse, para poder cumplir con las 37,5 horas de cómputo medio anual que le exigen a sus trabajadores/as. ¿Cómo van a trabajar si el edificio está cerrado?

    Lo dicho, de Perogrullo, digno de políticos inteligentes y bien asesorados.

    Besos

     

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