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Diego Jiménez García

-Columnista de La Opinión de Murcia. Profesor de Historia jubilado. Interesado en temas sociales. Aficionado al senderismo y al contacto con la Naturaleza.

Sobre este blog de Sociedad

Blog de temática social y ciudadana.


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  • 22
    Septiembre
    2016

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    SOCIEDAD Murcia

    Banqueros sin alma, jueces estrictos

    A mediados del pasado mes de junio, varias personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Murcia (PAH) se manifestaron en la sucursal de Cajamar, en Bullas, en apoyo de una vecina a la que, después de desahuciarla de su casa, esa entidad la reclamaba una deuda pendiente de 70.000 euros, con lo que, a juicio de la PAH, se le condenaba a una vida de exclusión económica y social. Permanecieron en esa sede bancaria hasta las 15:30 horas, momento en que fueron desalojadas. Meses después, un juzgado de Mula, entendiendo que la acción reivindicativa había constituido un delito leve de usurpación, ha impuesto a dichas personas activistas una multa de tres euros diarios durante tres meses, en contra del criterio del fiscal que estimaba que deberían satisfacer esa sanción durante un mes.

    El pasado jueves, día 15, la PAH celebró una rueda de prensa ante la sede de esa entidad bancaria, en la Plaza de Romea, denunciando la voracidad de la banca y el excesivo celo judicial.  Afirmaron que, pese a todo, van a perseverar en esas acciones reivindicativas, por dignidad y en defensa del derecho constitucional a la vivienda. Derecho que, según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), viene conculcándose en todo el Estado y en la Región de Murcia.  Desde 2011 se cuentan por miles las ejecuciones hipotecarias iniciadas en la Región. Concretamente, en 2014, de los 4.353 procedimientos de ejecución hipotecaria que se habían iniciado, 1.917 corresponden a lanzamientos efectivamente practicados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia. Y en el ámbito del alquiler, el número de lanzamientos practicados por el TSJ, como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de arrendamientos urbanos, es igualmente llamativo: unas 861 familias se vieron afectadas en el 2014. Frente a esta situación, el número de viviendas vacías en la Región de Murcia, según el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, es de 129.117.

    El pasado junio la Asamblea Regional de Murcia aprobó, con los votos a favor de Ciudadanos, Podemos y PSOE, la Ley 10/2016, de 7 de junio, que reforma la Ley 6/2015, de 24 de marzo. Según se afirma en el Preámbulo, con la reforma de la Ley 6/2015, se pretende “responder, dentro de las competencias exclusivas atribuidas por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Murcia, a esta situación de emergencia social, atendiendo de forma global el grave problema de los desahucios”, añadiendo, además, que se introducirían “nuevos principios rectores y la incorporación de medidas de adhesión voluntaria que establezcan obligaciones expresas a los llamados grandes tenedores de vivienda, esto es, las entidades financieras, filiales inmobiliarias, fondos de inversión y entidades de gestión de activos”. Pues, se dice, “estas entidades, poseedoras en estos momentos de miles de viviendas vacías no destinadas al fin social de la propiedad, deben seguir haciendo esfuerzos para tener en cuenta en su proceder la gravedad de las situaciones en que se encuentran miles de familias” por lo que “deberían ofrecer a las personas afectadas una propuesta de alquiler social”.

    La Ley 10/2016, sin colmar todas las expectativas de la PAH, había supuesto un primer paso. Pero, según informaba LA OPINIÓN el pasado día 14, el Estado se propone tumbarla. A finales de julio, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas remitió una comunicación a la Consejería de Presidencia instándole a crear cuanto antes una comisión bilateral entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma para tratar la posible inconstitucionalidad de aspectos referidos, sobre todo, a la mediación extrajudicial previa a la vía judicial en los casos de impago de la hipoteca, y la modificación de la ley que obliga al adquirente de una vivienda por ejecución de un préstamo hipotecario o dación en pago a ofrecer una vivienda en alquiler social a la persona que ha perdido la casa.

    En el fondo, en este triste asunto estamos asistiendo a un maridaje entre la voracidad de los banqueros, la connivencia del Estado y la actuación estricta  de ciertos sectores de la judicatura a favor de aquéllos. Vicenç Navarro, en artículo publicado en el diario Público, nos recuerda que el propio Banco de España reconoció que el sector bancario había recibido 51.303 millones de euros para su rescate y que, de éstos, nada menos que 26.300 millones de euros no serían recuperados por el Estado. Esta cantidad, que supera a la de los recortes en Sanidad y Educación, demuestra que éstos hubieran sido innecesarios. Además, advierte el profesor Navarro, la UE viene otorgando generosas ayudas públicas a la Banca, y ésta responde con malas prácticas, como en el caso de los desahucios y las preferentes.

    Por eso, en la rueda de prensa arriba citada, el cura Joaquín, uno de los portavoces de la PAH,  decía el jueves: “El Estado, que se supone ha de proteger a los ciudadanos de los abusos de los poderosos, protege a los poderosos en contra de los ciudadanos".

     

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