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Blog Desde mi Atalaya - Jesús Norberto Galindo Sánchez

Jesús Norberto Galindo Sánchez

Miembro de honor de la Asociación de Directivos de Empresas Turísticas de España, durante una parte de su vida profesional ha estado vinculado a la gestión y asistencia técnica de organizaciones y actividades turísticas, tanto en la empresa privada como en el sector público. Corresponsal de prensa d...

Sobre este blog de Murcia

La temática de aquellos artículos, reflexiones o ensayos que se van a difundir en este blog están referidos a acontecimientos puntuales relacionados con la actualidad de tipo social, político o profesional y no pretenden guardar ningún tipo de hilo conductor ni temático, en concreto, entre ellos, má...


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  • 07
    Octubre
    2016

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    Murcia

    A vueltas con la presunción de inocencia

    A VUELTAS CON LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

     

    Me imagino que el tema que he elegido hoy para componer este artículo puede generar más de una opinión  discordante, lo cual no es malo, puesto que la opinión que cada uno tengamos de una cuestión, contenido o argumento, es propia y consustancial con una serie de condicionamientos propios, que son fruto de una serie de circunstancias que nos rodean y que son innatas de la personalidad que tenemos y que, por lo tanto puede haber –y de hecho hay- muchas otras que son discordantes y no por ello hay que exaltarse ni entrar en discusiones donde los argumentos se sustituyan por las descalificaciones y las manifestaciones peyorativas.    A vueltas con la presunción de inocencia           

    Dicho esto me voy a referir a esas cuatro palabras tan precisas, esclarecedoras y sensatas: La presunción de inocencia, cuya conceptualización conforma uno de los principios más importantes del ordenamiento jurídico español y  del de la mayoría de los países civilizados, a nivel mundial.

    También es un principio fundamental contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos así como en innumerables tratados internacionales y convenciones universales; lo cual no quita para que desde un tiempo a esta parte, en nuestro país, nos hayamos olvidado materialmente de este fundamento para dejarnos llevar por las iras y las fobias cainitas, producto de la repercusión mediática que muchos casos y procesos judiciales están generando.

    Este tipo de casos produce de forma casi automática la inmediata reacción de la sociedad –alimentada por los innumerables foros de opinión, tertulias y otros elementos que se nutren de estas causas para su subsistencia- y cuyo veredicto nos lo van ofreciendo día a día a través de los innumerables medios de difusión que nuestra sociedad ha adoptado, fruto de la evolución tecnológica, pero que –en algunos casos- tanto daño están haciendo cuando estos se usan de forma indiscriminada, generalizada y sin ningún tipo de fundamento ni de un análisis objetivo en aquellas opiniones que a través de estos medios se están vertiendo.

    De todos es sabido que una de las principales causas por las que sistemáticamente se vulnera la presunción de inocencia son todos aquellos procesos judiciales abiertos como consecuencia de la corrupción política, además de aquellos otros en los que el procedimiento ha sido objeto de una atención especial (en algunos casos desmesurada), por parte de los medios de comunicación, consiguiendo convertir en estrellas mediáticas a ciertos personajes que, si no fuera por esta situación, pasarían desapercibidos y –por tanto- exentos de cualquier juicio social de carácter global.

    Nos hemos olvidado, por tanto de la presunción de inocencia y, por regla general, cada vez que aparece un nuevo caso al que dirigir nuestra atención, por el mero hecho de que se le otorgue el calificativo de investigado, la sociedad ya lo ha calificado como culpable, y a todo esto sin mediar juicio alguno al que todos tenemos derecho ni que se culminen esas “investigaciones” que son las que dan lugar al calificativo y que son necesarias para concluir con un resultado –al menos y en apariencia- adecuado a los procedimientos judiciales.

    Son innumerables los casos que se podrían citar y que dan fe de lo que he manifestado, pero tan solo voy a referir dos de ellos como muestra palpable de esta realidad que nos invade. Uno de ellos se refiere a una causa abierta contra un dirigente político en una región vecina a la nuestra, el cual fue encausado (imputado/investigado) por una serie de actuaciones que no voy a evaluar y que no es el motivo de este artículo. Pues bien, sin entrar en el fondo de la cuestión, que –repito- no es el caso, uno de los hechos que se le “imputaban” eran unas conversaciones, cuyo audio fue grabado y difundido de forma generalizada y con todo lujo de detalles, y donde se escuchaba como contaba una cierta cantidad de dinero y se refería a este como integrante de alguna comisión, al parecer, acordada. Ni qué decir tiene el linchamiento mediático que soportó.Y he aquí que casi un año después de haberse hecho público este hecho, al levantarse el secreto del sumario, se descubre que esa conversación no pertenece a la persona a la que se le había “imputado” en un principio.

    Otro hecho, este creo que más grave todavía, lo recordarán Vds., se trata del caso Rocío Wanninkhof, en Mijas (Málaga), donde un jurado popular condenó a la acusada, Dolores Vázquez, a 15 años de prisión por el asesinato de la primera (en octubre de 1999). Recordaran Vds. que esta persona sufrió un acoso mediático y social, propiciado por un ambiente de histeria popular que estuvo alentado por la familia de la víctima y apoyado y coreado por los medios de comunicación. Y todos sabemos que esa situación influyó sobremanera en el jurado que la condenó en primera instancia, ya que, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tuvo que anular el juicio por apreciar graves y evidentes errores y falta de consideración de determinadas pruebas. El citado Tribunal  consideró que la gran repercusión que el crimen había tenido en los medios de comunicación, y la marea de opinión pública contra Dolores Vázquez habían tenido más influencia de la debida en un jurado popular formado por ciudadanos legos en Derecho. La imputada fue puesta en libertad y el segundo juicio no llegó a celebrarse ya que, posteriormente, se descubrió que el verdadero asesino fue otra persona.

    La reflexión que yo hago al respecto es la siguiente: Cuando alguien presenta una denuncia, o esta se inicia de oficio por la Fiscalía, lo primero que tiene que hacer un juez es formular una “investigación”, y como consecuencia de ello designar a una serie de personas como “investigadas”, para poder darles las herramientas jurídicas que nuestro ordenamiento permite en orden a la legítima defensa. Lo cual es normal en cualquier país, si bien aquí lo que hemos hecho es elevar a la categoría de “acusado” cuando a alguien se le ha nominado como “investigado”; pero es que –además- llegamos más lejos todavía, y es que no nos quedamos con la calificación de “acusado” sino que lo elevamos directamente a “culpable”.

    Esta situación no tendría más importancia sino ocurriera que ante la proliferación de casos de corrupción que han inundado la vida política en nuestro país y (también es objetivo aclararlo) por la presión ejercida por los partidos “emergentes”, se hayan tomado una serie de acuerdos en el campo que afecta a la clase política, tanto en Ayuntamientos, Comunidades Autónomas o en la Administración central, tendentes a impedir el acceso de aquellas personas que estén calificadas como “investigadas”, o la dimisión en el caso de que ya estén en el ejercicio de sus funciones, simplemente y por el mero hecho de haberles sido comunicadas su nueva situación y sin esperar a investigación ni pronunciamiento alguno por parte de la justicia. Tan solo por ser “investigados”. Pero no solo me quiero referir a la clase política. Esta situación también está afectando al resto de la sociedad, y a quienes podríamos denominar  “personal civil”, que igualmente están sufriendo lo que no es ni más ni menos que una privación de sus derechos civiles, como se demuestra en uno de los casos a los que me he referido en un párrafo anterior.

    Como consecuencia de esta reflexión y ante esta realidad que es la que tenemos, es muy fácil predecir que si alguien quiere cortarle la carrera política o profesional a algún ciudadano que no le caiga bien, es tan sencillo como presentar una acusación (aunque esta no tenga fundamento), pero como inmediatamente el juzgado va a iniciar la investigación, en el momento en que califiquen a esta persona como investigado, ya le han cercenado su trayectoria profesional. Y no es que yo esté defendiendo a los chorizos (que los hay), lo que estoy haciendo es ponerme en la piel de los “otros”, es decir, de los buenos (que también los hay).

    Hace pocas fechas hablaba yo de este tema con un alto y destacado dirigente regional de Ciudadanos, uno de los partidos políticos que, a través de diferentes y numerosos acuerdos para la gobernabilidad de distintas instituciones, ha impuesto este tipo de condición; y cuando le hacía esta misma reflexión, esta persona (que al mismo tiempo es experta en Derecho) me reconocía que tenía razón en mis planteamientos, visto desde un estricto punto de vista jurídico y social, pero que apoyaba la iniciativa argumentándome que España estaba tan mal en esta cuestión de la corrupción política que era determinante tomar este tipo de medidas, aunque fueran extremas, y que podían perjudicar a algunos que realmente no tienen culpa alguna; es decir, aquello de que, en algunos casos, van a pagar  “justos por pecadores”, y a la espera de que ante una nueva situación (eliminados los numerosos y verdaderos casos de corrupción) podríamos llegar a una más flexible interpretación que no atacase de forma directa los legítimos derechos de aquellos ciudadanos que ahora están sufriendo esta injusta discriminación.

    Quiero traer aquí a colación lo que ocurre en otros países de nuestro entorno. Por ejemplo en Francia, donde hasta que no hay una sentencia emitida por un tribunal no se considera cuestionado ningún ciudadano y menos que se le pueda impedir ejercer sus legítimos derechos ciudadanos. Ahí está el caso de Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, imputada desde 2014 en un procedimiento por corrupción en el denominado Caso Tapie. O al mismísimo Nicolas Sarkozy, también imputado por un delito de corrupción y tráfico de influencias (2012), y liderando su partido al tiempo que se está postulando para ser candidato en las próxima elecciones presidenciales de Francia.

    Está claro que en España estamos pagando los platos rotos de una etapa plagada de innumerables casos que han sobrepasado la capacidad de asimilación de una sociedad, harta de tanta podredumbre y cansada de ver como aquellos que nos pidieron su confianza para ejercer un cargo en nuestra representación, lo están utilizando para otros fines directamente ligados a sus intereses personales; y prueba de ello es la creciente intolerancia que esa misma sociedad está mostrando con respecto a la presunción de inocencia y a admitir la más mínima indulgencia en un tema que nos ha rebasado, pero en el que hay que reconocer que se está perdiendo la objetividad.

    Mi modesta participación en este debate, que está abierto en nuestra sociedad, tan solo pretende llevar un poco de imparcialidad ante este tipo de hechos, cada vez más frecuentes, pero que no dejan de causar ciertos daños colaterales que no tienen compensación ni posibilidad de subsanación y que, en la mayoría de los casos, son fruto del calentamiento o del hartazgo de una sociedad que está pidiendo a gritos una regeneración profunda. Y yo añado… pero no a costa de cercenar unos derechos ni a cualquier precio.

    Podemos ser íntegros, honrados e inflexibles con la corrupción pero, al mismo tiempo, prudentes. Y esa prudencia nos pide que cuando conozcamos un caso de estas características contemos hasta diez antes de emitir nuestro juicio y evitar así unirnos a esa pléyade de voceros indocumentados que a diario alimentan la tensión social que está viviendo nuestra ciudadanía… y esperar a tener toda la información que es precisa para hacerse un estado de opinión lo más objetivo posible sobre cada una de estas cuestiones. Estoy seguro que, además, ayudaríamos a aliviar la presión que muchas personas inocentes están sufriendo ahora. Mientras tanto podemos jugar a hacer apuestas, pero no gastemos todo nuestro dinero apostándolo a una sola opción… lo podríamos perder.

    Yo ya lo estoy haciendo

     

    Jesús Norberto Galindo // Jesusn.galindo@hotmail.com

     

     

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