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Blog Desde mi Atalaya - Jesús Norberto Galindo Sánchez

Jesús Norberto Galindo Sánchez

Miembro de honor de la Asociación de Directivos de Empresas Turísticas de España, durante una parte de su vida profesional ha estado vinculado a la gestión y asistencia técnica de organizaciones y actividades turísticas, tanto en la empresa privada como en el sector público. Corresponsal de prensa d...

Sobre este blog de Murcia

La temática de aquellos artículos, reflexiones o ensayos que se van a difundir en este blog están referidos a acontecimientos puntuales relacionados con la actualidad de tipo social, político o profesional y no pretenden guardar ningún tipo de hilo conductor ni temático, en concreto, entre ellos, má...


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  • 10
    Noviembre
    2016

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    Murcia

    A vueltas con la educación

    A vueltas con la educación

    La educación es un tema apasionante y aunque no soy un profesional de la misma, ni tampoco me considero un técnico cualificado que haya desarrollado mi actividad profesional en este campo, no me ha dejado de interesar y, al mismo tiempo, seducir, y es por ello que hoy le voy a dedicar este espacio a sabiendas que es una cuestión que podría suscitar alguna polémica.

    Siempre he pensado que para ser un profesional de la educación  (al igual que pasa en la medicina) se tendría que cumplir el requisito ineludible de ser una profesión a la que se accediese de manera vocacional. Y la razón primordial es que –en ambos casos- el ejercicio de dicha profesión afecta de manera muy especial al ciudadano,  generando así mismo un influjo en el conjunto de la sociedad, que puede llegar a marcar futuras proyecciones de índole social y de convivencia a las que me referiré más adelante.

    Ante todo voy a manifestar mi más rotundo rechazo al tratamiento que a la educación, se le está dando desde las distintas Administraciones, pero en particular desde la del Estado que es la que tiene la mayoría de las competencias generalistas y desde donde emanan las distintas Leyes que se han dictaminado en las últimas décadas. No es de recibo ni tiene lógica alguna que, desde la aprobación de nuestra actual constitución (1978) llevemos dictaminadas siete Leyes en relación con este sector, tan sensible y de tanta importancia para el desarrollo de una sociedad. Cada partido político que ha llegado al gobierno ha querido hacer su “propia” Ley y ha sido incapaz de consensuar con el resto de partidos, o al menos con el principal grupo de la oposición, un texto que –de haber sido así- hubiera perdurado en el tiempo aunque hubiera habido cambios de gobierno. Pero no ha sido así y, aprovechándose de las mayorías absolutas o pactadas, los distintos partidos han querido dejar su marchamo a sabiendas de lo efímero que iba a ser, pero sin importarles nada el grave perjuicio que estaban ocasionando a una sociedad que está harta de tanta ineptitud y que está pidiendo a gritos un mínimo consenso en esta materia. Espero que en la legislatura que ahora comienza, y en la que el partido del gobierno no tiene una mayoría que le apoye en su programa (no así en la investidura), se pueda conseguir –con el apoyo y el consenso de la comunidad docente- un acuerdo de base lo más amplio posible; en síntesis, un pacto de Estado por la educación que posibilite subsanar este déficit que venimos padeciendo desde el advenimiento de nuestra joven democracia.

    Otro de los aspectos que se tendrían que abordar de forma inmediata, pero dentro de esa reforma educativa de amplio consenso, es la cohesión y el control de ciertos aspectos relacionados con algunos de los contenidos curriculares, tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria y bachiller, y cuyas competencias –en algunos casos- están transferidas a las Comunidades Autónomas. Este  aspecto sé que produce cierta urticaria en algunos sectores “autonomistas”, pero lo que no hay que pasar por alto –y es algo que ha quedado manifiestamente demostrado- es que con las transferencias educativas, algunas Autonomías han aprovechado esta situación para diseñar los contenidos de muchos de los textos que se están impartiendo en muchas escuelas, donde el adoctrinamiento que se está haciendo es verdaderamente escandaloso, y donde no se tiene empacho alguno en desfigurar la historia con tal de servir a los intereses espurios y partidistas de algunos colectivos. Colectivos que, bajo el planteamiento de servir a una sociedad libre y plural, lo que en realidad pretenden es impartir una formación sectaria que genere al mismo tiempo un sentimiento de odio y de resentimiento hacia todo aquello que no sea autóctono, algo que es más propio de un régimen nazista. Para ello, además de contar con la inestimable colaboración de algunos medios de comunicación rendidos en el pesebre de la publicidad oficial, la educación ha sido un elemento fundamental en la consecución de la realidad que hoy tenemos que asumir.  Pero sobre todo, lo peor es que se ha generado un estado de opinión basado en la ruptura territorial, que ha estado impregnado desde la adolescencia y que ahora va a ser muy difícil erradicar, pero al que habrá que poner algún tipo de barrera para que, al menos, no continúe creciendo.

    Otra cuestión no menos polémica pero más circunscrita a un aspecto técnico, aunque no exento de una cierta carga ideológica, es la dualidad enseñanza pública / enseñanza privada. En este tema yo tengo que reconocer que siempre he defendido la necesidad de que los dos “sistemas” coexistan y dejar a las familias que sean ellas quienes elijan.  Esto se traduce en el mantenimiento y apoyo a la enseñanza pública, pero con recursos, que es como de verdad se apuesta por ella.  Pero también soy partidario de que no se le pongan “pegas” a la enseñanza privada, facilitando –como cualquier otro tipo de actividad comercial, industrial o de servicios- la creación de este tipo de empresas, con todas las garantías y controles para el desempeño de sus funciones, como no podría ser de otra manera. Al hilo de este planteamiento, el Estado tendrá que analizar el porqué del mayor coste que le supone, actualmente, el mantenimiento y la gestión de un colegio público frente a uno de iguales características pero con un régimen concertado.

    Este es uno de los deberes pendientes que todavía tenemos por resolver, y mientras la concertación resulte más económica para las arcas de la administración, más difícil resultará erradicar ese modelo en base a simples planteamientos, a mi entender, exentos de objetividad y donde cuestiones con un tufo de rancia ideología se mezclan con aquellas otras que cuestionan la utilización de fondos públicos para el pago de ayudas a entidades privadas, tratando de impedir el legítimo derecho a la libertad en el ejercicio de una profesión. La verdad es que no deja de ser curioso ver, en algunos de estos casos, como aquellas personas, altos capitostes de la política, que se distinguen por la defensa a ultranza de la enseñanza pública, sin embargo llevan a sus niños a colegios privados sin sentir empacho alguno en sus más esenciales convicciones. Algo así como lo que ha hecho el del pisito de Alcobendas: “haz lo que yo digo pero no lo que yo haga”.

    Y voy a terminar como empecé. Y me refiero a la condición vocacional que debe tener  cualquier profesional que se dedique a esta actividad. En la enseñanza pública, como es natural, la totalidad de los docentes que ejercen esta actividad son funcionarios públicos, con la sola excepción de aquellos otros que ejercen puestos de interinidad. La funcionarización en sí no es mala, ni mucho menos, es más, tiene un componente positivo que es la no dependencia de quien te “nombra”, como puede ocurrir en muchos otros casos donde te puedes ver influenciado por la dependencia y la debida obediencia a quien te ha proporcionado el puesto de trabajo. Esto, por mor de los procesos de oposición y de aquellos otros en los que se basan la selección y el acceso al puesto de trabajo en la enseñanza pública, y que están debidamente articulados y muy controlados por los agentes sociales, no hace posible que se produzca ese “síndrome de la obediencia debida”, producto de ese “agradecimiento”, que en la educación pública no existe.

    Pero también es cierto que la seguridad y el blindaje que ofrece la categorización de funcionario, en nuestro país, no ayuda en nada a la dignificación de esta condición. Sobre todo porque todos conocemos que hay un número de ellos que, aprovechándose de esta posición, la utilizan en beneficio propio, a sabiendas de que un deficiente ejercicio de su profesión no les va a acarrear ninguna consecuencia gravosa para sus intereses, amparándose en la seguridad de permanencia en su puesto de trabajo que le permite un sistema imperfecto, como es el nuestro, y donde –a diferencia de otros países- el funcionario que accede a esta carrera tiene asegurado su puesto de trabajo de por vida, lo haga bien, regular o mal.   Mientras que un profesional que ha accedido por vocación a impartir la enseñanza, estoy convencido que, por su nivel de compromiso con una profesión que le encanta y porque está haciendo lo que verdaderamente le pide el cuerpo, no necesitaría aprovecharse de las triquiñuelas que le facilita este régimen funcionarial.

    En resumen, deberíamos dejar de contemplar la educación como un lugar de discordia y confrontación entre los agentes que tienen la responsabilidad de ponerle el cascabel a este gato. Y me refiero tanto al gobierno de turno como a la oposición. Ambos tienen la obligación de ser solidarios en esta materia y, por una vez, dejarse de aquello que los separa para encontrarse y hacer posible lo que la mayoría de ciudadanos esperamos de ellos.  Los españoles les pagamos para eso.

    Jesús Norberto Galindo // Jesusn.galindo@hotmail.com

     

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